Independencia: voluntad democrática vs Estado de Derecho

Independencia:
voluntad democrática vs Estado de Derecho
Secesionismo y autodeterminación (II)

Los más oscuros lugares del Infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral.
Dante Alighieri
(La Divina Comedia)

Recién iniciada la campaña electoral en Cataluña, el debate independentista ha copado en gran medida la atención de medios y ciudadanos. Cuestión no exenta de mérito político, a tenor de los datos económicos que se están publicando últimamente.

Aunque sin duda se trata de un debate histórico que no tengo intención (ni osadía) de resolver en veinte líneas argumentales, a mi parecer esta nueva formulación de la independencia catalana se justifica tanto en la negativa del Pacto Fiscal como en la Sentencia STC 31/2010, por la que el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucionales ciertos artículos del Estatuto Catalán, y por la que se convalidaba y reconocía la constitucionalidad del resto, cuestión que no es baladí por más que políticos de una y otra rama ideológica hayan querido obviar.

A mi entender se han cometido muchos errores, tanto de forma como de fondo con esta situación: el más grave, el planteamiento de una medida política-jurídica tan extrema como la independencia en clave económica.

Mi sensación es que son pocos los que se han parado de verdad a analizar las consecuencias fundamentales para los ciudadanos, limitándose tanto unos como otros a alegar causas, derechos y prohibiciones absolutamente vetustas y alejadas de la realidad:

• Ni la Constitución no puede utilizarse como un marco que en lugar de garantizar la libertad de los ciudadanos, los constriña a aceptar un statu quo que no quieren tener.
• Ni la Independencia puede formularse en términos maniqueos catalán o español – conmigo o contra mí, haciendo gala de un populismo y un sectarismo impropios de una democracia decente.

Estamos hablando de la creación de un Estado nuevo, con su Constitución, instituciones y ciudadanos propios. Estamos hablando de una modificación sustancial del régimen de derechos y libertades de los ciudadanos ¿No merece esta cuestión un debate serio, profundo y razonable?

Por cierto que a este respecto sí que me voy a mojar en una cuestión: no es posible mantener un debate libre, coherente y razonable sobre la independencia de un país en el marco de unas elecciones. Sencillamente, no es posible porque lo que se hace es poner en jaque a la ciudadanía, obligarla a elegir sin haberle explicado las consecuencias de sus decisiones: bajo la apariencia de unas elecciones gubernamentales, se esconde una legitimación implícita para crear ex novo un nuevo país. Vincular el referéndum constitutivo de un nuevo Estado a unas elecciones gubernamentales (por supuesto previo cálculo electoral para obtener el máximo rédito político) es una forma de identificar gobierno con Estado; y ya lo decía Luis XIV: el Estado soy yo.

Y es que es exaspera ver cómo la esfera económica ha devorado toda ulterior consideración; cómo la independencia, que es un acto puramente jurídico-político, deviene en un acto económico: independencia política es ruptura jurídica que es a la postre, independencia económica. Para conseguir un objetivo económico, como es la autonomía fiscal, se va a tomar una medida política-jurídica extrema, como es la secesión.

Fuente: Vox Populi

Pero, centrando el debate en lo que nos concierne, el Derecho y sus reglas,

¿Qué bienes jurídico-políticos colisionan esta polémica?

 Un análisis realista de las consecuencias de la independencia de una nación, nos lleva a exponer el debate legítimo por el que entran en colisión dos instituciones clave en nuestra ordenación social: el Estado de Derecho y la Democracia. Cada uno manifestaciones de un orden distinto, pero inseparables en nuestra concepción actual.

El Estado de Derecho:
Es el conjunto de normas que regulan el funcionamiento de las instituciones y que se sistematizan y ordenan en base a unos principios y valores que una sociedad ha considerado supremos (y que en teoría, ha expresado en su Carta Constitucional).

Tiende a identificarse con los derechos humanos o derechos fundamentales: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Carta Social Europea y la Convención Europea de Derechos Humanos (todas ellas, normas vinculantes por cierto), así como los derechos reconocidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución: de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

La Democracia:
Es el conjunto de reglas por las que un pueblo rige tanto la creación como el funcionamiento de sus instituciones políticas, que en teoría, se encargan de canalizar la voluntad popular. Se tiene a identificar con el sistema electoral y de partidos, pero también abarca la constitución del resto de poderes del Estado, y es que no podemos olvidar que aunque a los jueces nadie los vote, la Justicia emana del pueblo (art. 117 CE).

La gran pregunta por tanto es:

¿Qué debe primar?
¿Las reglas institucionales o las reglas para modificar las reglas institucionales?

A mi parecer, existe una evidente colisión entre libertad e igualdad¸ cuya solución en todo caso es insatisfactoria. El Estado de Derecho opera como un freno a la Democracia, es cierto, pero es que esa es su función básica: impedir que se pueda decidir sobre lo que no se puede decidir. ¿Y sobre qué no se puede decidir? Pues sobre los derechos humanos. La Democracia por su parte, es el producto que legitima y hace justo todo nuestro sistema: si no se puede decidir en libertad, entonces somos esclavos de un sistema paternalista que nos domina. Eso no es libertad, y si no somos libres tampoco somos responsables de nuestros actos, con lo que nos enfrentamos a la guerra total.

La cuestión por tanto es determinar hasta dónde debe llegar la democracia, cuestión que por desgracia no tiene una única respuesta válida: dependerá del contexto histórico, de la madurez democrática de la ciudadanía, de las motivaciones, propuestas y garantías del ejercicio democrático, y en definitiva, de sopesar causas-efectos-motivaciones jurídico-políticas.

Podemos tomarnos este problema en clave de jaque electoralista, o podemos verlo como una oportunidad para demostrar nuestra calidad democrática, nuestro civismo y nuestra tolerancia. Al fin y al cabo, como dijo el político norteamericano John William Gardner, continuamente nos enfrentamos a grandes oportunidades brillantemente disfrazadas como problemas sin solución.