El Consejo de Ministros ha enviado con carácter de urgencia a las Cortes para su aprobación el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, una norma que simplifica los procesos necesarios para evaluar el impacto ambiental en el desarrollo de proyectos, entre ellos los de prospecciones petrolíferas o de extracción de gas mediante fractura hidráulica (fracking). Ademas de otros aspectos como las reservas naturales y el bunkering.
En concreto, se simplifica en un mismo “modelo básico de evaluación ambiental” los dos tipos de evaluaciones que se utilizan (evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental) para todas las comunidades autónomas y se reducen considerablemente los tiempos de tramitación de los expedientes a cuatro meses frente a los dos años que había hasta ahora.
El Gobierno aporta un dato sobre la norma indicando que creará 80.000 puestos de trabajo, tendrá un impacto de 1.000 millones de euros sobre la actividad económica y que garantiza la protección del medio ambiente. Yo de verdad no entiendo como calculan estos datos si no pueden ni ponerse de acuerdo en cuantas personas asisten a una manifestación. Lo que garantiza es la rapidez de los expedientes de fracking, que no nos engañen que la madre del cordero es el dichoso fracking.
Otra novedad es la creación de bancos de conservación de la naturaleza, “un instrumento de carácter voluntario que puede utilizarse para compensar o reparar la pérdida de biodiverisdad que se produce como consecuencia de la ejecución de los proyectos con impactos ambientales”.
Los Bancos de Conservación permitirán que los promotores que precisen hacer una compensación ambiental de un daño inevitable sobre el medio ambiente lo puedan reparar a través de la compra de créditos ambientales equivalentes en un Banco de Conservación. Los créditos ambientales son mejoras verificables sobre el medio ambiente para las que se garantiza su conservación en el futuro con las que se puede comerciar y que permiten unas compensaciones ambientales más viables que las que se ejecutan hoy en día proyecto a proyecto para las que es muy compleja la realización de un seguimiento por parte de la administración. Además, los bancos de conservación son empleados como herramientas que mejoran la planificación territorial, facilitan la conectividad de los ecosistemas y permiten derivar financiación privada hacia la conservación ambiental, favoreciendo también el desarrollo rural.
La nueva legislación establece también la obligatoriedad de que todos los proyectos de estracción de gas a través de la fracturación hidráulica o fracking tengan que presentar una evaluación de impacto ambiental, un documento elaborado por las empresas que se somete posteriormente a un proceso de aprobación. La medida ya fue anunciada por el Gobierno cuando decidió establecer un marco regulatorio para la polémica técnica la cual apoya abiertamente pese a las muchas voces en contra.
Por último, se reforma de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que comtempla sanciones de hasta dos millones de euros a las gasolineras flotantes (bunkering) que suministren a barcos en zonas de especial protección. Mediante esta medida se podrán multar (a a partir de 2014) a las plataformas que operen de forma permanente en mar abierto por el riesgo al medio ambiente que conlleva su actividad. Hasta la aparición de esta ley sólo se sancionaba tras un vertido o daño al medio ambiente.
Mientras dan rapidez a la tramitación de evaluaciones ambientales para el fracking (con los posibles riesgos medioambientales que ello conlleva) se sanciona a las gasolineras flotantes dicho sea de paso repostan en la refinería que Cepsa tiene en Algeciras.
La prohibición del bunkering no estaba prevista prevista pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que los “llanitos” (como se conocen a los de Gibraltar en la zona) nos han metido el dedo en la llaga, nos defendemos con otro ataque. El objetivo oculto es la lucha “oculta” o no tan oculta contra el peñón y como siempre utilizan el medioambiente como plataforma.
