Se intensifica la lucha contra el fraude fiscal

Que no hay tan diestra mentira que no se venga a saber Lope de Vega

Si la amnistía fiscal que el Gobierno planteó en Marzo como media extraordinaria de recaudación, generó una avalancha de críticas y la comprensible indignación social, las nuevas reformas que incluirá el Código Penal sobre delitos fiscales, podrían ser interpretadas como una compensación del Ejecutivo a esa medida.

Y es que no parece razonable que mientras se suben los impuestos a los ciudadanos que religiosamente están cumpliendo sus obligaciones con el fisco, se generen paralelamente planes de «condonación» de los que defraudan.

Polémicas aparte, lo que está claro es que con la Hacienda Pública tiritando como está, el Gobierno tiene la obligación de buscar todas las formas de financiación. En este sentido se pronunciaba la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría al indicar que lo que el Gobierno pretende es evitar que durante la tramitación de la demanda por delitos fiscales se produzcan desapoderamientos o alzamientos de bienes por parte del deudor tributario, aprovechando para venderlos y evitar futuros cobros de Hacienda. De hecho, en los últimos años la recaudación ha caído un 7% respecto al PIB.

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Algunas de las medidas que recoge esta nueva ley son (vea la ley completa):

Limitación de las operaciones en efectivo de empresarios y profesionales hasta 2.500€ (claro que si se fracciona la factura en varios pagos, no sé hasta qué punto podrá darse cumplimiento a esta norma)
Endurecimiento de las sanciones por resistencia y obstrucción a las inspecciones fiscales (podrán llegar hasta 600.000€)
Agravamiento del control y sanciones fiscales:
- Los delitos fiscales no prescribirán hasta pasados 10 años (el doble).
- Las penas de prisión podrán llegar a ser de hasta 6 años.
- Se crea un delito agravado, por desfalcos superiores a los 600.000€
- Se crea la obligación de informar de las cuentas e inmuebles que se tengan en el extranjero
- Se condonarán delitos a los contribuyentes que denuncien a evasores
- Se potenciará el cobro del IVA en operaciones de entrega de inmuebles
Se excluyen del método objetivo de imputación de actividades económicas y de rentas: es decir, ya no se podrán utiliza los módulos económicospara las siguientes actividades que superen los 50.000€/año de:
- Fontanería
- Albañilería
- Carpintería
- Transportes y mudanzas (hasta 300.000€)
Etc.

Por cierto que estas medidas surgen paralelas al escándalo por los juicios del llamado Informe Lagard, que recoge una lista de los mayores defraudadores del país Helénico, y cuya publicación ha acarreado el arresto y juicio del periodista Kostas Vaxevanis.

Me pregunto cómo de larga sería nuestra lista, teniendo en cuenta que la economía sumergida en España se estima en un 24% del PIB y subiendo: el equivalente a 240.000 millones de euros...

Agustín M.Lasanta DEPARTAMENTO JURÍDICO

Categorizado en: Jurídico

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