Esta semana se ha publicado la nueva ley que regulará el trabajo de vigilantes y detectives privados, esta nueva norma puede constituir una privatización de la seguridad en el sentido más tradicional. En España el sector de la seguridad privada está en auge, además con esta nueva ley se planea la creación del doble de puestos de trabajo de los que hay en la actualidad.
Muchas voces se han alzado en contra y es que se ven como esta nueva ley desfavorece la renovación y creación de guardias civiles y policías. Otorgar más funciones y competencias a la seguridad privada puede suponer una sustitución de la seguridad pública.
Los representantes de asociaciones de policías se han pronunciado al respecto considerando que esta nueva ley generará problemas relacionados con las competencias que pueden o no ejercer los vigilantes de seguridad privada.
Así mismo, los representantes del cuerpo de la Guardia Civil, denuncian esta ley puesto que la consideran una privatización encubierta de la seguridad privada. Además argumentan que la calidad de nuestra seguridad se verá mermada puesto que quienes ejerzan estas competencias serán policías baratos y menos formados.
No solo sectores de seguridad pública han manifestado su descontento con esta nueva ley, también los comerciantes de grandes ciudades se han comentado los posibles efectos negativos de esta ley. Están a favor de que se refuerce la seguridad pero no están de acuerdo en que tenga que hacerse de manera que tengan que pagar un plus. Además desconfían de esta ley considerando que puede llegar a generar descoordinación entre con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los grupos parlamentarios que se han opuesto a esta nueva medida la consideran una ruptura de la concepción tradicional de seguridad pública.
Se destacan de esta manera nuevas competencias de los guardias de seguridad como la vigilancia que podrán ejercer en el exterior de las cárceles. La competencia más polémica de esta nueva ley es que ahora los guardias de seguridad privada podrán detener a ciudadanos por la vía pública e incluso requerirles la documentación.
El límite que tendrán los guardias de seguridad será que estos solo podrán detener a aquellas personas que comentan un delito y siempre y cuando este sea en el ámbito de la protección del vigilante, la cuestión que ahora surge es quién delimita este ámbito. Además nunca podrán proceder al interrogatorio, ni tampoco realizar detenciones o cacheos arbitrarios.
Ahora nos toca a nosotros los ciudadanos reflexionar sobre esta nueva ley. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de estas nuevas figura de la seguridad? ¿De verdad queremos una seguridad a medida dependiendo de nuestra capacidad económica?
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