Canal Jurídico https://revistadigital.inesem.es/juridico Canal de Noticias gestionado por el Departamento Docente Jurídico de INESEM Wed, 14 Nov 2018 17:52:28 +0100 es-ES hourly 1 Convenios de Doble Imposición Internacional https://revistadigital.inesem.es/juridico/convenios-doble-imposicion-cdi/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/convenios-doble-imposicion-cdi/#respond Wed, 31 Oct 2018 17:36:01 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2132 AgreementLos Convenios para evitar la Doble Imposición o CDI son esenciales para promover la inversiones exteriores, bien sean con origen en el extranjero a nuestro territorio o de capital nacional al exterior. Además, persiguen dotar de seguridad jurídica a los inversores y reducir la carga fiscal de estas inversiones.

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Cuando hablamos de Convenio de Doble Imposición, hacemos referencia a un Tratado Internacional suscrito entre dos Estados, a través del cual, se fijan las reglas por las que las rentas quedan sometidas al sistema tributario del primer país firmante, cuando las rentas fueran obtenidas en el mismo por los ciudadanos del segundo país o viceversa.

EL objetivo de los Convenios de Doble Imposición (CDI, en adelante) radica en buscar una solución a las siguientes problemáticas:

1.- Evitar la doble imposición internacional que se define como “aquella situación por la cual una misma renta o un mismo bien resulta sujeto a imposición en dos o más países, por la totalidad o parte de su importe, durante un mismo período impositivo –si se trata de impuestos periódicos– y por una misma causa”.

2.- Problemática entorno a la soberanía tributaria, debido a la distribución de potestades a los Estados firmantes para obtener el pago de los impuestos por las rentas obtenidas por los ciudadanos.

Sin embargo, cuando hablamos de doble imposición, hacemos referencia al surgimiento de dos o más obligaciones tributarias por el mismo hecho imponible y periodo impositivo.

Es aquí donde debemos establecer un marco delimitador entre las dos modalidades de doble imposición, jurídica y la económica:

Doble Imposición jurídica: la renta queda gravada por el mismo hecho imponible, con el mismo sujeto pasivo y periodo impositivo.

Doble imposición económica: ésta se produce cuando la renta tributa por impuestos similares pero en sujetos distintos, como por ejemplo, la tributación del beneficio obtenido por una mercantil por el Impuesto sobre Sociedades, posteriormente, el dividendo se transmite al socio y éste tributará por el impuesto correspondiente.

 

Objetivo de los Convenios de Doble Imposición

El objetivo de los convenios para evitar la doble imposición se centrarán en evitar la doble imposición jurídica que requiere de cuatro condicionantes:

Identidad objetiva: impuestos comparables.

Identidad subjetiva: mismo contribuyente.

Ámbito material: misma renta.

Ámbito temporal: idénticos periodos impositivos.

 

Modelos de Convenio de Doble Imposición

Existen distintos modelos de Convenios de Doble Imposición, no obstante, nos centraremos en destacar los principales objetivos de estos:

I. MCOCDE

El MCOCDE ha tenido una gran importancia en el ámbito de la tributación internacional, armonizando la legislación de los países de la OCDE y su influencia directa con cerca de 3.000 CDI vigentes.

Está diseñado para ayudar a los negocios y prevenir la elusión y evasión fiscal.

II. Modelo de Organización de Naciones Unidas.

Su objetivo es establecer un equilibrio en las relaciones entre los Estados desarrollados y los Estados en vía de desarrollo.

El modelo de Naciones Unidas mantiene un mayor nivel de ingresos para el Estado de fuente.

Por otro lado, el modelo de OCDE tiene un mayor nivel en el Estado de residencia

III. Modelo Estadounidense.

Los Estados pertenecientes a la OCDE utilizan el MCOCDE  como base para negociar los CDI.

En algunos estados se han desarrollado sus propios modelos que son presentados al iniciarse los procesos de negociación.

IV. Modelo holandés.

El standard holandés es  el  documento que presenta los responsables holandeses a la hora de dar comienzo las negociaciones para el pacto de un CDI.

V. Modelo de Convenio de la Comunidad Andina.

Se trata del Convenio multilateral que tiene por objetivo eliminar la doble imposición internacional entre los Estados Miembros de la CAN que se encuentra formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

 

Métodos para evitar la doble imposición internacional

El pilar fundamental de un CDI es distribuir los rendimientos gravables por los ciudadanos entre el Estado de la fuente y el de residencia. Para ello, disponemos de dos sistemas:

  1. Distribución exclusiva del rendimiento.

Sistema según el principio de residencia, por el que el rendimiento queda gravado por el estado de residencia, en exclusiva.

2. Tributación compartida.

Mediante este método los rendimientos tributan tanto en el Estado de la fuente como en el Estado de residencia.

Este sistema posee a su vez dos modalidades:

  1. Una tributación limitada del impuesto que puede exigir el Estado de la fuente al no residente.
  2. Sucede a lo mismo que en el párrafo anterior, salvo que en esta opción el CDI no establece límite alguno.

Es en este supuesto de tributación compartida contamos con dos métodos para eliminarla:

 

I. Método de Imputación.

A través de este método, el contribuyente incluye en la base imponible el importe total de las rentas como si hubiesen estado gravadas en su totalidad en el extranjero y, posteriormente, se aplica la correspondiente deducción por el impuesto pagado en el extranjero.

Esta imputación puede ser plena, cuando se deduzca el importe total satisfecho en el extranjero; u ordinaria, cuando la deducción no exceda de la parte del impuesto que corresponde en el país de residencia a la renta obtenida en el extranjero.

II. Método de exención.

Consiste en que el país de residencia no gravará las rentas obtenidas en el país extranjero.

Existen dos modalidades:

  1. Modalidad de exención simple: el país de residencia no tiene en cuenta la renta obtenida en el extranjero.
  2. Modalidad de exención con progresividad: el estado de residencia tiene en cuenta la renta obtenida en el extranjero para determinar el tipo de gravamen aplicable al resto de las rentas del contribuyente.

Cláusulas Tax Sparing

Aquellos Estados que presentan un alto nivel de desarrollo han implementado en sus tratados la denominadas Cláusulas Tax Sparing.

En ellas, el Estado de la fuente exime de tributación el rendimiento obtenido por el residente en otro Estado y el Estado de residencia se aplicará una deducción por doble imposición internacional “que permita la deducción del importe del impuesto que el sujeto inversor hubiera pagado de no existir dicha exención“.

Cláusulas Matching Credit

En este caso, el Estado de residencia admite la imputación por un tipo superior al que correspondería aplicarlo al Estado de la fuente.

 

Convenios de Doble Imposición suscritos por España

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El Administrador Concursal y sus funciones https://revistadigital.inesem.es/juridico/el-administrador-concursal-y-sus-funciones/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/el-administrador-concursal-y-sus-funciones/#respond Fri, 12 Oct 2018 10:00:59 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2119 El administrador concursal es aquel experto o grupo de ellos designado por un juez , encargado de gestionar el pasivo de una organización que se encuentra en situación de concurso. Decide sobre la gestión de los bienes, preside la junta de acreedores, supervisa la contabilidad, etc con el objetivo de que los acreedores cobren sus…

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El concurso de acreedores surge como una forma de ayudar a las personas físicas y jurídicas que se encuentran en una situación económica de quiebra inminente. En caso de no existir una solución adecuada y rápida para realizar los pagos por parte de la persona deudora, es cuando dichas personas pueden solicitar el concurso para que un juez intervenga, y nombre a un administrador concursal, cuya función será la negociación con los acreedores  para acordar como afrontar las deudas que tienen pendientes.

 

¿Quién es el administrador concursal?

El administrador o la administración concursal  se encarga de analizar la situación de la persona física o jurídica. Administra, con el objetivo de obtener los mejores beneficios para las partes participantes en el concurso de acreedores. Dicho de otra manera es aquel profesional o grupo,  nombrado por el juez para llevar a cabo funciones relevantes.

Es importante destacar que el administrador concursal no es un administrador público. Son profesionales  que han alcanzado méritos suficientes para realizar y acceder como tal a una bolsa de trabajo especial.

Los administradores concursales no están contratados ni por el deudor, ni por el acreedor. El administrador intentará hallar el mejor camino objetivamente  para encontrar la mejor solución al concurso. Los actos realizados por el administrador concursal se abordan bajo supervisión judicial. Aunque en ocasiones disponen de cierta autonomía de actuación sin supervisión.

La aplicación de las funciones por parte del administrador concursal está sometida a un régimen de responsabilidad frente al deudor y al acreedor, por los daños o perjuicios que pueda causar en actuaciones contrarias a la ley o realizadas sin diligencia (artículo 36 LC).

La administración concursal se rige en los artículo 26 y siguientes de la ley 22/2003, de 9 de Julio.

 

Características del comisario de quiebra y de la administración concursal

El administrador concursal o comisario de quiebra es una  persona experta en el ámbito del derecho o la economía, con formación acreditada en el ámbito del Derecho Concursal.

Cuando se habla de administrador concursal, hay que mencionar a la administración concursal. El administrador concursal supone el procedimiento abreviado del procedimiento concursal de la administración concursal.

La administración concursal está integrada por:

  • Un experto jurídico (abogado) que cuente con al menos 5 años de ejercicio efectivo.
  • Experto económico- financiero (economista, auditor de cuentas, titulado mercantil) que cuente con una experiencia superior a 5 años de ejercicio efectivo.
  • Un acreedor que sea titular de un derecho de crédito ordinario.

No formarán parte de la administración concursal (artículo 28 LC):

  • Las personas inhabilitadas para ser administradores de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada (artículo 28.1 LC).
  • Los individuos separados del cargo de administración concursal dentro de los dos años anteriores (artículo 28.2 2º LC).
  • Las personas inhabilitadas por sentencia firme de desaprobación de cuentas en concurso anterior (artículo 28.2.2ª LC).
  • Las personas que presten cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste en los últimos años, incluidos aquéllos que durante ese plazo hubieran compartido con el mismo el ejercicio de actividades profesionales de la misma o diferente naturaleza (artículo 28.1 LC).
  • Los que se encuentren afectados por cualquiera de las circunstancias a que se refiere el artículo 28.1 LC.
  • Quienes estén especialmente relacionados con el concursado (artículo 28.3 LC), o vinculados entre sí personal o profesionalmente (artículo 28.4 LC).

 

Funciones principales del profesional en la gestion del concurso de acreedores

Las funciones principales del Administrador  deben de estar orientadas al pago de deudas a los acreedores y a la continuidad en el funcionamiento de la persona física o jurídica en situación de concurso.

Una de las funciones del administrador consiste en la elaboración de un informe, donde se manifieste como se encuentra actualmente la persona en situación de concurso y como ha llegado a esa situación de insolvencia.

El informe recogerá la siguiente información referente a la persona en concurso:

  • Evaluación del estado financiero y contable del concursado, incluyendo el inventario de activos y pasivos de la persona en situación de concurso.
  • Memoria de la administración concursal sobre las actuaciones llevadas a cabo por el concursado.
  • Lista de acreedores, con la cantidad detallada de los créditos prestados.
  • Propuesta de convenio, según  lo que corresponda el administrador  concursal.
  • Evaluación sobre las decisiones llevadas a cabo por el concursado, previo al concurso de acreedores.

Otra de las funciones llevadas a cabo por el acreedor concursal es la de guiar las actuaciones económicas de la persona concursada, facilitando a que esta pueda seguir funcionando y realizando su actividad económica, atenuando su situación insolvente en el mayor grado posible.

El administrador concursal puede realizar todas las tareas de dirección que considere adecuadas. Podemos destacar:

  • Realizar contratos y acuerdos mercantiles. Teniendo gran importancia aquellos que tengan el objetivo de liquidar los activos en propiedad de la persona.
  • Ejecutar las obligaciones de la persona con la administración (presentación de cuentas anuales, liquidaciones, cotizaciones, etc.)
  • Reunir a los socios (en caso de empresa o sociedad en concurso).
  • Realizar la actividad laboral de la organización.

 

Nombramiento, aceptación y honorarios del experto encargado en gestionar el concurso

El nombramiento será informado al designado  por el medio más ágil, tal y como se exige en el artículo 29.1 LC, el cual deberá presentarse en los 5 días posteriores ante el juzgado para manifestar si acepta o no el cargo asignado.

El articulo 29 LC impone al designado la obligación de acreditar que posee la suscripción de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente de proporción similar a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto, para responder de los posibles daños en el ejercicio de su función.

El artículo 31 LC que fijaba la obligación de administrador concursal de indicar una oficina para ejercer su cargo ha sido suprimido por la Ley 17/2014 del 30 de septiembre.

En el artículo 29.2 LC supone que en caso de que el designado no compareciese o no tuvieras suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente so en su defecto no aceptase el cargo , el juez de lo concurso procedería  de inmediato a un nuevo nombramiento.

A quien sin causa justa no compareciera o directamente no aceptara el cargo, no podrá ser designado como administrador concursal que puedan seguirse en el partido judicial durante un plazo de 3 años.

En el momento en el que se acepta el cargo, el designado sólo podrá renunciar debido a una causa grave. Deberá enviar al juzgado las direcciones postal y electrónica.

Si el nombramiento recae en una persona jurídica, el articulo 30.1 LC obliga a comunicar la identidad del individuo representante.

 

Información en materia retributiva del experto designado y conclusiones

Los administradores tienen la posibilidad de cobrar una retribución por parte de los acreedores. La cuantía,  se especifica en un arancel aprobado por el Real Decreto 1860/2004 y considerará la dificultad del proceso. Para la fase común del proceso se establecerá una retribución del 50 % y otra para la fase de liquidación.

La retribución correspondiente  a la fase común será recibida por el administrador en los 5 días siguientes al auto del juzgado que establezca el importe. El 50 % restante se paga en los 5 días posteriores a la resolución firme de la fase común.

En conclusión el administrador concursal es la persona o conjunto de personas que comprueba que el concursado se comporte diligentemente. Por lo tanto es necesario que las empresas faciliten toda la información a estos profesionales , tanto desde la perspectiva de los acrredores como de los deudores. El papel del administrador concursal es esencial para el correcto desempeño del concurso de acreedores, donde sin su ayuda muchos acreedores de la organización en concurso, no recibirían la contraprestación de sus respectivos créditos y muchas empresas en concurso, con posibilidades de poder continuar con su actividad, finalmente llegaría a la quiebra.

 

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Principales diferencias entre Propiedad Industrial e Intelectual https://revistadigital.inesem.es/juridico/diferencias-propiedad-industrial-y-propiedad-intelectual/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/diferencias-propiedad-industrial-y-propiedad-intelectual/#respond Thu, 04 Oct 2018 11:36:54 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2112 Diferencias entre Propiedad Industrial e IntelectualEn la normativa española se protegen todas las creaciones personales. En concreto, la Propiedad Industrial protege aquellas relacionadas con la industria. Por otro lado, la Propiedad Intelectual queda reservada para la protección de las creaciones en las que se plasma la personalidad del autor y no pueden producirse en serie.

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En este artículo queremos atajar un problema con el que te puedes encontrar día a día y que no podemos obviar, porque ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de Propiedad Industrial y de Propiedad Intelectual? ¿Os han surgido dudas acerca de las diferencias entre Propiedad Industrial e Intelectual? Y si hablamos de marcas, patentes y derechos de autor, ¿sabrías decirme a qué tipo de propiedad pertenece cada uno?

Generalmente, ambos términos se han utilizado de forma impropia para referirse a la protección de bienes inmateriales. En este artículo vamos a analizar las principales características y sus derechos para que tengamos clara la distinción entre ambos conceptos.

 

Propiedad Industrial

Entendemos por propiedad industrial a “la invención de toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria”.

Esta se puede ser adquirida de dos formas. Por el propio inventor con una creación relacionada con la industria; y el productor o fabricante con la creación de signos distintivos que lo diferencien del resto y atraiga clientela.

La Propiedad Industrial protege la creatividad, ingenio e invención, pues son una de las posesiones más importantes para las personas y sociedades. Generalmente, ambos términos se han utilizado de forma impropia para referirse a la protección de bienes intangibles. Nos podemos remitir al Convenio de la Unión de París, donde se recoge lo que se incluye dentro del concepto de Propiedad Industrial:

las patentes de invención, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen”; salvo lo relativo a la represión de la competencia desleal que pasa a integrarse junto a las prácticas colusorias y abusivas en el derecho de la competencia.

 

Estos son los derechos de Propiedad Industrial que hay en España:

  • Diseños industriales: protegen la apariencia externa de los productos.
  • Marcas y nombres comerciales o Signos distintivos: protegen combinaciones gráficas y denominativas que ayudan a distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros similares ofertados por otros agentes económicos.
  • Patentes y modelos de utilidad: protegen invenciones consistentes en productos y procedimientos susceptibles de reproducción y reiteración con fines industriales.
  • Topografías de semiconductores: protegen el trazado de las distintas capas y elementos que componen un circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, es decir, lo que comúnmente se conoce como topografía.

 

Propiedad Intelectual

No podemos entender la Propiedad Industrial sin analizar previamente la Propiedad Intelectual.

La Propiedad Intelectual se relaciona con “las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio”.

Así, la Propiedad Intelectual queda dividida en dos sectores principales:

  • Los derechos de autor y los relacionados con este.
  • Propiedad Industrial (ya analizada en el punto anterior).

Dentro del primer grupo incluimos las creaciones literarias, tales como las novelas, poemas, películas, dibujos, pinturas, etc.

Sin embargo, para dejar aún más clara la idea y, una vez destacado que ambas son fruto de toda creación de la mente, la Propiedad Intelectual se reserva a aquellas creaciones en las que se plasma la personalidad del autor y no pueden ser objeto de producción industrial o en serie.

 

Entre los derechos que conforman la Propiedad Intelectual distinguimos:

Derechos morales: estos derechos son irrenunciables e inalienables, acompañan al autor o intérprete desde el momento de la creación de la obra hasta su muerte y esto no es todo, pues se extiende a sus herederos y causahabientes. Entre sus derechos destaca el reconocimiento de la autoría de la obra, a garantizar la integridad de la obra, etc.

Derechos Patrimoniales: incluimos los derechos relacionados con la explotación de la obra. Estos se dividen en:

  • Derechos exclusivos:  permiten al titular autorizar o prohibir los actos de explotación de las obras o su prestación protegida por el usuario. Asimismo, se incluye el derecho a exigir una retribución a cambio de la autorización para la ejecución o interpretación.
  • Derechos de remuneración: se diferencian de los derechos exclusivos en que obligan al pago de una cantidad a cambio de los actos de explotación que se realice. Esta cantidad queda fijada por las disposiciones legales vigentes o por las tarifas estipuladas por las entidades de gestión.

Derechos compensatorios: estos derechos compensan los derechos de propiedad intelectual que se dejan de percibir a consecuencia de las distintas reproducciones de las obras.

 

Protección de la Propiedad Industrial

Una vez analizada ambas figuras, es importante conocer donde tenemos que dirigirnos para garantizar la protección de la Propiedad Industrial y es a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Este es un organismo autónomo de la Administración General del Estado dedicado al desarrollo económico y tecnológico.

La protección jurídica de la Propiedad Industrial se lleva a cabo a través de la concesión de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales.

Por lo tanto, esta institución tiene una serie de objetivos fundamentales:

– “Proteger y fomentar la actividad de creación e innovación tecnológica en nuestro país, así como la identidad corporativa empresarial mediante la concesión de títulos de propiedad industrial.

– Transmitir información que oriente la actividad investigadora a través del mantenimiento de fondos documentales y bases de datos que permiten un acceso rápido y sencillo al estado actual de la técnica mundial en cualquier sector.

– Impulsar la circulación y el intercambio de bienes y servicios a través de la difusión de la información de los signos distintivos registrados”.

 

Protección de la Propiedad Intelectual

El Registro de la Propiedad Intelectual es el mecanismo administrativo habilitado para la protección de los derechos de Propiedad Intelectual de los autores y titulares sobre sus propias obras, actuaciones o producciones.

La inscripción registral supone la protección de los derechos, constituyéndose como una prueba de la existencia de los mismos.

Debemos tener claro que su inscripción es voluntaria y, por ende, no será preceptiva su inscripción para adquirir los derechos de Propiedad Intelectual, ni para obtener la protección que la Ley otorga a los autores de las obras.

 

Si estás interesado en la especialización de tu carrera profesional sobre Propiedad Intelectual o Propiedad industrial, en INESEM puedes encontrar gran variedad de formaciones, desde un Master en Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas, a Master en derecho tecnológico y propiedad intelectual   y pasando por cursos como el Curso en Derecho de Internet, Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual.

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¿Qué es y para qué sirve el IPREM? https://revistadigital.inesem.es/juridico/que-es-y-para-que-sirve-el-iprem/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/que-es-y-para-que-sirve-el-iprem/#respond Wed, 19 Sep 2018 12:04:41 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=884 IPREMEl Indicador público de rentas con efectos múltiples es un índice empleado por el Estado para la concesión de ayudas, subvenciones o para el acceso a la prestación por desempleo. Tiene su origen en 2004 y se estableció como mecanismo para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

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El IPREM o Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros.

Este índice nació en el año 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para determinar la cuantía de las prestaciones o para acceder a determinados servicios o prestaciones.

El IPREM es la referencia en las ayudas y deducciones al alquiler de vivienda, además de la reducción sobre los ingresos que puede practicar el arrendatario en función de la edad del arrendado.

Los importes  para el año 2018 según los Presupuestos Generales del Estado, son los siguientes:


Cálculo del IPREM

Para determinar la cuantía del IPREM, tendremos que comprobar la última Declaración de la Renta:

En concreto, comprobaremos la casilla 455. Sin embargo, ¿Qué sucede si no tenemos la obligación de presentar la declaración?

Utilizaremos los ingresos brutos totales menos las aportaciones a la Seguridad Social y, además, tendremos en cuenta el número de miembros que componen la unidad familiar.

 

Funcionamiento IPREM

Como hemos mencionado, el Indicador Público se toma como referencia para el cálculo de prestaciones y ayudas públicas.

Asimismo, si queremos solicitar una ayuda y ésta está restringida a los solicitantes que perciban un salario 2,5 veces superior al IPREM, tendremos que multiplicar el salario bruto por 2,5 y aplicarle el coeficiente corrector que variará en función de los miembros que integren la unidad familiar:

 

 

Pero no es tan fácil, además, deberá tenerse en cuenta los siguientes puntos:

  1. El número de miembros de la unidad familiar que perciba ingresos. En este supuesto, “se aplicará un coeficiente corrector del 0,9 si más de un miembro percibe ingresos y además la aportación del miembro que percibe mayores ingresos no supera el 70% del total de ingresos de la unidad familiar”.
  2. Si los miembros de la unidad familiar pueden incluirse en alguno de los supuestos de especial protección, (víctimas de terrorismo, violencia de género, situaciones de dependencia, etc.) el valor del coeficiente será de 0,9 para cada una de ellas y podrán acumularse por pertenencia a más de un grupo pero no por el número de miembros que pertenecieran al mismo.
  3. Municipio en el que radique el lugar de residencia habitual de la unidad.

A continuación, vamos a incluir un supuesto práctico IPREM que sin duda alguna suscitarán gran interés.

 

Una unidad familiar compuesta por 4 miembros quiere solicitar una VPO en Granada. Los ingresos los percibe un solo miembro de la unidad considerada como joven al ser menor de 30 años. Datos a tener en cuenta:

BI: 27.000€

Valor del IPREM: 7.519,59€

Número de miembros: 4

Número de grupos de riesgo: 1

IF: (24.000/7.519,59) x 0,85 x 0,9 = 2,46

La cantidad de 2,46 será el IPREM de la unidad familiar que determinará la concesión de de la ayuda.

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Bienes Inmuebles a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles https://revistadigital.inesem.es/juridico/bienes-inmuebles-a-efectos-del-ibi/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/bienes-inmuebles-a-efectos-del-ibi/#respond Thu, 13 Sep 2018 07:39:16 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=868 Conjunto de bienes inmuebles junto a ríoPara conocer lo que se entiende como bienes inmuebles a efectos del IBI, nos remitiremos al Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario donde estudiaremos la distinta clasificación de los bienes inmuebles y la obligatoriedad de liquidar el IBI,según el calendario marcado en las distintas ordenanzas.

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A efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el término “bien inmueble” no coincide con el que se recoge ni en el Código Civil ni en la legislación hipotecaria.

Sin embargo, conviene realizar breve una aproximación a lo que establece el Código Civil en relación a los bienes inmuebles.

En primer lugar, aporta una definición de los bienes en su artículo 333, donde expone que son bienes muebles e inmuebles: “Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación (…)”.

Posteriormente, realiza una clasificación general de los bienes inmuebles:

  • Según su naturaleza: se encuadran a los bienes que no pueden ser desplazados, tales como el suelo, las minas, etc.
  • Por incorporación o adherencia: serían los bienes inmuebles incorporados a otros, como por ejemplo los edificios.
  • Por destino: son bienes muebles que están puestos al servicio de un bien inmueble. A modo de ejemplo de bien inmueble por destino sería la estatua situada en un edificio.
  • Por analogía: podemos incluir los supuestos recogidos en el artículo 344, aparato 10 sobre las concesiones administrativas de obras públicas, y demás derechos reales.

Para conocer lo que se conoce como bien inmueble a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, debemos remitirnos al Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

 

Ley del Catastro Inmobiliario(RDL 1/2004)

A efectos catastrales, según el artículo 6, tendrá la consideración de bien inmueble los siguientes puntos:

  • La parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble”.

De igual forma, se incluye en el apartado 2 una serie de bienes que poseen la misma calificación:

  • Los elementos privativos de los edificios que sean susceptibles de aprovechamiento independiente, sometidos al régimen de propiedad horizontal.
  • El conjunto constituido por diferentes elementos privativos mutuamente vinculados y adquiridos en unidad de acto y, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, los trasteros y las plazas de estacionamiento en ”pro indiviso” adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular.
  • El ámbito espacial de un derecho de superficie y el de una concesión administrativa sobre los bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos.
  • Los bienes inmuebles de características especiales.

 

Y, ¿Cómo se encuentran clasificados catastralmente?

Los bienes inmuebles, según el artículo 6.4, se encuentran clasificados en urbanos, rústicos y de características especiales.

Para determinar el carácter urbano o rústico del inmueble, nos atenemos a la naturaleza del suelo:

Bienes Inmuebles Urbanos    

Tendrán la condición de urbanos los supuestos que pasan a citarse, salvo los que tuvieran la consideración de “bienes inmuebles de características especiales“:

a) “El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente.

b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable.

c) El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población.

d) El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, del núcleo principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de concentración de las edificaciones.

e) El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.

f) El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las características que establezca la legislación urbanística”.

Bienes inmuebles de características especiales

Esta clasificación tiene su origen en el Informe publicado para la reforma de la financiación de las HHLL.

De entre sus propuestas, destacamos la creación de esta nueva categoría de bienes inmuebles.

El contenido del artículo 8 del TRLCI establece que:

“constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble”.

En su apartado segundo, se incluye los distintos grupos en los que se comprenden estos bienes:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

Bienes inmuebles Rústicos

Tendrán tal naturaleza, aquellos bienes que no fuesen de carácter urbano o estuviesen incluidos en los supuestos para los bienes inmuebles de características especiales.

Junto a todo lo anterior, existe una características general aplicable a cada uno de los distintos tipos de bienes inmuebles, el IBI.

Pese a que todos ellos poseen características diferentes, este impuesto grava el valor de los inmuebles  y debe ser pagado por el sujeto pasivo del impuesto.

Estos sujetos sujetos pasivos son las personas naturales y jurídicas, así como las entidades previstas en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que fueran titulares sobre un derecho constitutivo del hecho imponible del impuesto.

Y, ¿Cuando se debe pagar? Tendremos que remitirnos a cada una de las ordenanzas fiscales para conocer las fechas de pago voluntario. Como ejemplo, si resides en Madrid no tienes porqué preocuparte, pues el plazo para proceder al pago del impuesto comienza el próximo 1 de Octubre de 2018.

Referencia normativa: artículos 6 a 8 TRLCI y artículo 23 RD 417/2006, de 7 de abrilLey 58/2003, General Tributaria.

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El despido colectivo: claves prácticas de un ERE https://revistadigital.inesem.es/juridico/despidos-colectivos-ere/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/despidos-colectivos-ere/#respond Mon, 27 Aug 2018 11:35:52 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2095 Proceso de despido colectivo: EREEn el presente artículo el autor analiza desde una visión práctica, el procedimiento para la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo definitivo en una empresa, el llamado comúnmente ERE. Se analizan los requisitos en relación al número de trabajadores afectados en función de distintos aspectos.

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Una empresa en crisis, puede abordar la misma, desde un punto de vista empresarial a través de una serie de medidas. Estas deben estar orientadas a intentar paliar la situación económica negativa. En función de su intensidad, pueden afectar de manera más o menos profunda a la relación contractual de los trabajadores con el empresario.

Una de esas primeras medidas puede ser el llamado ERE o Expediente de Regulación de Empleo Definitivo, del cual podemos decir, que es la medida más intensa. Provoca la extinción total o parcial de los contratos de trabajo siendo la medida más gravosa desde el punto de vista del trabajador. Estamos hablando realmente del llamado despido colectivo. Puede ser de dos tipos, por una parte nos encontramos con el despido colectivo total y por otra con el despido colectivo parcial.

Antes de abordar el despido colectivo parcial,  señalar que ambos, comparten una característica común y es la causa: siempre deben ser realizados por causas económicas, técnicas organizativas o de producción. La única diferencia entre ellos estriba en que en el despido colectivo total, aparte de las causas económicas técnicas organizativas o de producción que acabamos de señalar.

Para que se trate de un despido colectivo total la medida debe afectar a la totalidad de la plantilla de la empresa, el número de trabajadores afectados tiene que ser más de seis y la extinción de los contratos debe llevar aparejada el cierre total de la actividad de la empresa.

El despido colectivo parcial

En relación al despido colectivo parcial de nuevo nos encontramos con que también deben concurrir las causas económicas técnicas organizativas y de producción. Pero aquí no se produce un cese total de la actividad de la empresa sino que esta continua con su actividad empresarial.

Así para que podamos considerarlo un despido objetivo parcial, las extinciones de los contratos de trabajo –siempre dentro de un período de 90 días– deben afectar de la siguiente forma:

  • Si una empresa tiene entre 10 y 99 trabajadores, a más de 9.
  • Si la empresa tiene entre 100 y 300 trabajadores, debe afectar a un 10% de los puestos de empleo del total de la empresa.
  • Si la empresa da ocupación a más de 300 trabajadores, debe afectar a más de 29.

La unidad de referencia

La siguiente duda que se nos puede plantear es si para este cómputo de la totalidad de los trabajadores pertenecientes a la empresa debemos tomar en consideración solo el centro de trabajo al que queremos aplicar la medida o si, por otro lado, se deben tener en cuenta las extinciones que afecten a la totalidad de la empresa.

Pues bien cuando un centro de trabajo emplea a más de 20 trabajadores este será la unidad de referencia, veámoslo con un ejemplo práctico:

“En una empresa donde se producen 27 despidos individuales, en un periodo de 90 días, en un centro de trabajo que ocupa a 77 trabajadores. Empleando la empresa en su conjunto a 3100 trabajadores, en principio y al no superar las 29 extinciones, no tendría por qué considerarse un despido colectivo. Ahora bien  al tener ese centro de trabajo más de 20 trabajadores se toma como unidad de referencia. Como si constituyese una empresa individual única esa empresa de 77 trabajadores, superando las 9 extinciones y por tanto debiendo ser considerado un despido colectivo”.

Del mismo modo la duda puede suscitarse en relación a los grupos de empresas a la hora de tomar en consideración la empresa o el grupo de empresas del que la misma forma parte. En este sentido diferenciaremos entre si la empresa forma parte de un grupo mercantil, tomamos como unidad el grupo empresarial, mientras que si es laboral, tomamos como unidad la empresa.

Las extinciones computables

La siguiente cuestión que debemos abordar son las extinciones computables. Una empresa de 80 trabajadores puede decidir extinguir 10 trabajadores por lo cual tendría que ir obligatoriamente a la figura del despido colectivo pero, ¿qué pasaría si decide extinguir los contratos de 8 trabajadores?

Nos encontraríamos que habría que ver si en los 90 días anteriores se extinguió algún tipo de contrato, ver si la causa coincide con la de los nuevos despidos que se pretendan realizar, o si aun no coincidiendo es asimilable. O si por el contrario, esas extinciones anteriores quedan excluidas del cómputo a los efectos de no sobrepasar el límite de los 9 trabajadores marcados por el estatuto de los trabajadores.

En este sentido, si la causa coincide se deben computar siempre las extinciones de contrato anteriores y si del cómputo se sobrepasan los límites marcados se debe acudir al despido colectivo.

Siguiendo con el ejemplo anterior “Si la empresa de 80 trabajadores pretende despedir a 8, pero tiene 3 extinciones por la misma causa, en un periodo de 90 días anterior, se suman esas extinciones a las que se pretenden realizarse y debería ir a un procedimiento de despido colectivo.

¿Qué pasa si no coinciden las causas en esas extinciones previas? Debemos de ver si son asimilables. Lo vemos en el punto siguiente.

Las extinciones asimilables

Si no coinciden las causas hay que ver si pueden ser asimilables por equiparación. Para que sean asimilables por equiparación deben ser más de cuatro las extinciones equiparables producidas en ese período de cómputo de 90 días.

La casuística de las extinciones por equiparación es muy variable y así nuestra jurisprudencia ha declarado como equiparables:

  • Despidos disciplinarios con improcedencia reconocida extrajudicialmente (STS 26/11/2013).
  • Despidos disciplinarios con improcedencia reconocida en sede administrativa o por sentencia judicial  o despidos por causas objetivas reconocidos improcedentes por sentencia judicial. (STS 18/11/2014); (STS 12/04/2016).
  • Los despidos objetivos por causas distintas a las alegadas mediante acuerdos transaccionales entre empresario y trabajador (TS 25/11/2013).
  • Los despidos sin causa (lo que se venía llamado el “despido exprés”) o la extinción de contratos temporales cuando hayan sido calificados por sentencia firme como constitutivas de despido improcedente o reconocidas como tales en el acto de conciliación administrativa.

Las extinciones no computables

Si las extinciones no son computables, ni asimilables no se pueden tener en cuenta para el cómputo en esos noventa días.

En este sentido existen una variedad de casos donde los Tribunales se han manifestado a incluir extinciones que las han calificado como no computables:

  • Dimisión o abandono del trabajador (TSJ Galicia 16/06/2012)
  • Jubilación voluntaria del trabajador (TSJ Madrid 8/06/2013)
  • Rescisión indemnizada del contrato en caso de modificación de las condiciones sustanciales de trabajo (TSJ Madrid 12/03/2010)
  • Despidos disciplinarios que no hayan sido objeto de impugnación o hayan sido declarados improcedentes o la muerte o incapacidad permanente del trabajador (TSJ Cataluña 14/02/2012)

Respecto a ese periodo de 90 días tenemos que señalar varias precisiones, es un plazo de días naturales, es decir se cuentan sábados y domingos.

Debe computarse hacia atrás en el tiempo siendo el día inicial el día en que se le notifique el despido o despidos objetivos cuya regularidad se pueda estar poniendo en duda por parte de los trabajadores o sus representantes legales.

El periodo de 90 días: Medidas contra el fraude por goteo

Llegados a este punto nos podríamos encontrar que un empresario que decidiese eludir esos 90 días espaciando esos despidos para que queden excluidos fuera de ese periodo de 90 días es decir el llamado “fraude por goteo”.

Para ello el propio Estatuto de los trabajadores ha previsto un sistema protector frente a los trabajadores: que se computen los despidos anteriores a esos 90 días para atrás  y por períodos sucesivos de 90 días para atrás, siempre que se dé una doble condición. Que en ese nuevo periodo de 90 días y en su caso los procedentes se haya producido algún despido objetivo individual y que obedezca a la misma causa. Pongamos un ejemplo:

“Una empresa de 98 trabajadores pretende despedir a siete de ellos en Junio de 2018 mediante siete despidos objetivos individuales. Como podremos observar el límite marcado en el Estatuto de los Trabajadores para que esta empresa tenga que acudir al despido colectivo es de más de 9. En principio, la empresa estaría actuando correctamente. Pero, no lo sería así si en los 90 días previos a esos despidos examinados haya despedido a un trabajador por causa objetiva (por ejemplo, abril de 2018). Por lo que ya tendríamos siete y si en otros nuevos 90 días anteriores despidió a dos por causas objetivas (por ejemplo, febrero de 2018). Estaríamos ya en los 10 trabajadores. Por lo que la empresa debería acudir al despido colectivo ante el riesgo de que sean declarados nulos los siete despidos que pretende realizar en junio de 2018”

El cómputo de los trabajadores: La plantilla de la empresa

A efectos del cómputo de los trabajadores de una empresa, se tendrán en cuenta todos los trabajadores que formen la plantilla en la fecha en la que se inicie el despido colectivo o se notifiquen los despidos. Bien sean trabajadores indefinidos o temporales (en el caso de los temporales siempre que las extinciones por razones empresariales se adopten antes de la finalización de sus contratos),  discontinuos, o a distancia y también se incluyen los altos directivos.

Señalar que quedan fuera del cómputo, los TRADE (trabajadores autónomos económicamente dependientes) y los trabajadores cedidos por ETT.

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¿Aún no sabes qué es un Controller Jurídico y cuáles son sus funciones? https://revistadigital.inesem.es/juridico/que-es-un-controller-juridico/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/que-es-un-controller-juridico/#comments Wed, 22 Aug 2018 10:57:55 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2086 La figura del Controller JurídicoTras la reforma de la Ley 10/1995, se introduce una nueva figura para garantizar el cumplimiento normativo, el Controller Jurídico o Compliance Officer, en este artículo te detallamos cuál es su perfil y sus conocimientos, así como todas las funciones que realiza en el entorno empresarial.

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Antes de comenzar a analizar la figura del Controller Jurídico, debemos hacer mención a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 por la que se reforma el Código Penal el 23 de diciembre de 2010, que produce la abolición de aquella expresión “societas delinquere non potest”, por la que una persona jurídica no podía incurrir en ilícitos penales.

Así queda incorporada la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en concreto, en su artículo 31 bis CP.

Artículo 31 bis, apartado 1, Código Penal.

Posteriormente, se produjo una remodelación de tal responsabilidad, en virtud de la LO 1/2015 que incorpora de forma expresa lo relativo a los programas de cumplimiento normativo.

Asimismo, debemos destacar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas  será directa e independiente de las personas físicas al cargo de la misma (administradores, directivos, etc.).  Sin embargo, si nos remitimos al artículo 31 bis. 4., se expone que:

“La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad sí, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”.

Para ello, el programa de cumplimiento deberá cumplir los requisitos expuestos en la siguiente tabla:

Junto a lo anterior, nos surge una pregunta, ¿Quién será el encargado de garantizar que se cumpla este sistema de prevención de ilícitos?

Este sistema será gestionado por el Controller Jurídico o Compliance Officer.

¿Cuáles sería las principales funciones del Controller Jurídico?

De entre las principales tareas inherentes al Controller Jurídico encontramos:

  1. Supervisar el correcto funcionamiento del Compliance Penal.
  2. Informar a los empleados de la organización sobre los planes de cumplimiento normativo.
  3. Revisión y actualización del programa de prevención.
  4. Gestionar el canal de denuncias.
  5. Control de la plantilla mediante el seguimiento realizado a partir de una matriz de riesgos.

Pero, ¿se exige un perfil concreto para ostentar el cargo de Controller Jurídico en la organización?

Es evidente que para llevar a cabo tales funciones, el Controller Jurídico tendría que ser un experto en todas las ramas normativas.

Sin embargo, debemos tener claro que ser un experto en “todo” es totalmente imposible.

“El Compliance se constituye como una disciplina formada por distintos bloques normativos que varían en función del país”.

Por lo anterior, solo será preciso contar con un Controller que, no siendo un especialista en las materias que integren el modelo, pueda supervisar y detectar los puntos débiles de la organización, así como desarrollar los mecanismos para un control efectivo.

De igual forma, podemos hacer una breve mención a la figura del Chief Compliance Officer que se constituye como un experto en una de las materias que integran el plan de cumplimiento normativo pero que a su vez, debe delegar en otros profesionales del sector, en aras de que gestionen aquellas áreas que no maneja directamente.

Por lo general, se exigirá que cuente con los siguientes conocimientos y experiencias:

  • Conocer las distintas metodologías para la evaluación de riesgos.
  • No es necesario que sea un experto en derecho penal pero si que sea capaz de interpretar la normativa vigente.
  • Ser capaces de implantar los sistemas basados en el círculo de mejora continua.
  • Diseñar y analizar los procesos de investigación.
  • Deben dar formación a los trabajadores.
  • Es indispensable que conozcan las metodologías para la realización de auditorías en materia de compliance.
  • Debe ser una persona que sepa ponerse en el lugar de los demás y apoyarles en las tareas de cumplimiento normativo.

Delitos que puede cometer una persona jurídica

Canal de denuncias

Se constituye como una de las prioridades en los programas de compliance.

A través de este sistema, los trabajadores podrán poner en conocimiento de la alta dirección los ilícitos en la organización, no obstante, aquí nos surge una cuestión:

¿Denuncias anónimas o con identificación del trabajador?

Actualmente, es objeto de debate pero la respuesta la encontramos remitiéndonos a la normativa vigente, pues regula con claridad que los denunciantes no podrán ser sancionados, despedidos, y cualesquiera otras medidas en su perjuicio.

Responsabilidad Penal del Controller Jurídico

Se trata de una de las cuestiones que mayor discusión ha producido.

Debemos tener en cuenta que el Controller debe contar con una serie de requisitos:

  • Independencia.
  • Integridad.
  • Autoridad.
  • Acceso total.
  • Retribución suficiente.

La falta de alguno de ellos, conlleva que en el ejercicio de sus funciones no actúe como garante de cumplimiento, pues no dispone de presupuestos suficientes para desempeñar su labor.

A sensu contrario, si se cumplen con todos los requisitos, estaremos ante un Controller que ostenta la posición de vigilante o garante.

Así, será capaz de controlar el cumplimiento del programa no solo de forma interna, sino también sobre clientes y proveedores.

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Aclaramos tus dudas si quieres ejercitar tu derecho a huelga https://revistadigital.inesem.es/juridico/aclaramos-tus-dudas-si-quieres-ejercitar-tu-derecho-a-huelga/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/aclaramos-tus-dudas-si-quieres-ejercitar-tu-derecho-a-huelga/#respond Mon, 30 Jul 2018 09:31:09 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2066 ¿Eres trabajador y no sabes cómo sucumbir a huelga?¿Qué es el derecho a huelga? ¿Sabrías el procedimiento para ejercitarlo? En este artículo explicaremos en qué consiste el derecho a huelga, su marco normativo así como las dudas más frecuentes que surgen en relación a este. No pierdas detalle a este artículo si quieres ejercerlos de acuerdo a la legalidad.

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¿Qué es el derecho a huelga? ¿Sabrías el procedimiento para ejercitarlo? En este artículo explicaremos en qué consiste el derecho a huelga, su marco normativo así como las dudas más frecuentes que surgen en relación a este.

El derecho a huelga es un medio fundamental por el cual trabajadores y organizaciones pueden promover y defender sus intereses sociales y económicos.

El concepto de huelga no puede tomarse en consideración sin tener en cuenta el contexto que existe de relaciones laborales. Resulta preciso comentar que el derecho a huelga es el último cauce para el entendimiento de trabajadores y empleador ya que es la medida más costosa y perturbadora. Existen  medios extrajudiciales menos costosos como el arbitraje.

Es imprescindible conocer todas tus opciones para ejercitarlo, ya que como hemos comentado resulta la solución más controvertida en relación a los desacuerdos que se producen entre empleados y empresarios. Por ello, no debes de perder detalle a este artículo para ejercitar el derecho a huelga  conforme a la normativa.

 

Definición legal y marco normativo del derecho a huelga.

La huelga puede definirse como el derecho básico de los trabajadores que causa la suspensión colectiva de la prestación del trabajo. Produce la suspensión de las obligaciones recíprocas de trabajar y de abonar la remuneración. Asimismo, se elimina la obligación de cotizar. Tiene carácter temporal y está decidida por trabajadores organizados con motivo de un conflicto empresario – trabajador con el fin de presionar para la defensa y promoción de un objetivo laboral o socioeconómico.

Está reconocido en el artículo 28 de la Constitución Española. Es una medida de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Se deja un margen de regulación  en el ejercicio de este derecho estableciendo las garantías precisas para el aseguramiento del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Por otra parte, el artículo 7, Real Decreto- Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo entiende que el derecho a huelga tendrá que realizarse a través de la cesación temporal de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin ocuparse, de otro modo, por los mismos, del centro de trabajo o sus dependencias.

El derecho a huelga se considerará como una medida de Conflicto Colectivo. Está acordada por los trabajadores por el apartado 1 del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. Está constituida como la principal medida de autotutela que tienen los mismos. Es ejercida cuando existe un Conflicto Colectivo en la relación empresario- trabajador y que está concertada a través de la Asamblea de trabajadores, sindicatos o representantes de los trabajadores (sindicales o unitarios).

Además, resulta conveniente hacer hincapié en la titularidad del derecho es individual. Sin embargo, su ejercicio es colectivo, es decir, el contenido esencial del derecho lo forman dos clases de titularidades:

La titularidad colectiva que la tienen los sindicatos, los representantes sindicales y los propios trabajadores que están reunidos en Asamblea y qué consiste en:

  • La convocatoria de huelga.
  • La elección de modalidad  de la misma a realizar.
  • La adopción de medidas de presión.
  • El desarrollo de la misma y su desconvocatoria.

La titularidad individual la posee el trabajador:

  • La adhesión o no del trabajador a la huelga ya convocada.
  • La participación del mismo en las medidas de desarrollo.
  • La decisión de abandonarla.

 

Dudas más frecuentes si te estás planteando ejercer el derecho a huelga.

  • Una de las primeras dudas es, si la empresa puede prohibirte ejercitar este derecho o bien, obligar a ejercitarlo. No puede prohibirte ni obligarte a hacer huelga porque es un derecho exclusivamente del trabajador y la empresa no puede interferir en ese derecho.
  • ¿Se tiene que comunicar a la empresa si se va a ejercitar el derecho? No, no tienes ninguna obligación de comunicar si el trabajador va a ejercer o no ese derecho con anticipación.
  • En cuanto a las consecuencias económicas que te afectan serán la pérdida del día de sueldo.  Se incluirá  la parte proporcional de las pagas extraordinarias de ese día.  Además, también se incluirá el descanso semanal por el día en que has llevado a cabo esa paralización. Por otra parte, ese o (esos días) la empresa y el trabajador dejan de cotizar aunque se mantendrá el alta especial de la Seguridad Social por  si ocurre cualquier problema o incidencia en el/los días en el que se produce la inactividad.
  • ¿Qué hacer si trabajas en una pequeña empresa y dicha empresa cierra? Si quieres asistir al trabajo no te podrán quitar ese día del sueldo.
  • En el caso de que quieras ir a trabajar pero los piqueteros te lo impidan. ¿Podrías ejercer una acción legal contra ellos? ¿Cómo lo harías? En los accesos a los centros de trabajo suele haber seguridad privada o fuerzas del orden público.  Si  los piquetes te impiden acceder, tendrás derecho a denunciar ante las autoridades esta falta de acceso. Es recomendable, en estos casos, recopilar un medio de prueba.  El fin será demostrar que ha sido imposible asistir a su puesto de trabajo. En caso de no haber seguridad privada ni fuerzas públicas siempre podrás contactar con la policía por teléfono y explicarle el problema o bien  acceder a la comisaría más cercana para que conste que no se ha podido acceder al puesto de trabajo.
  • Por último, exponemos el caso en el que eres el propietario de un negocio. Los huelguistas o sindicatos te impiden abrir tu comercio. ¿Se puede denunciar este hecho? Si eres empresario tienes derecho a abrir tu centro de trabajo en el horario habitual. Por ello, si te lo impiden, deberás de denunciar este hecho frente a las fuerzas del orden público.

 

¡Ya tienes toda la información si quieres ejercitar tu derecho a huelga!

Ya está aclarado en qué consiste este derecho y las dudas más frecuentes entorno a su aplicación. Por tanto, ya tienes toda la información para ejercitarlo en caso de que sea necesario. Tener en cuenta los puntos expuestos resulta de vital importancia ya que se trata de una controversia laboral grave. Por ello, resulta muy recomendable conocer las opciones comentadas que se encuentran dentro de la legalidad.

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App La Liga, posible infractora del nuevo RGPD. https://revistadigital.inesem.es/juridico/app-la-liga-posible-infractora-del-nuevo-rgpd/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/app-la-liga-posible-infractora-del-nuevo-rgpd/#respond Wed, 18 Jul 2018 09:00:50 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2077 Posible infractora de RGPD, La Liga¿Está La App La Liga infringiendo el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos? En este artículo explicaremos la polémica entorno al micrófono y la geolocalización impuesta en su App. Con este artículo te adelantarás a posibles infracciones en protección de datos que realizan la App La Liga además de otras.

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El Reglamento Europeo de Protección de Datos ha supuesto un fortalecimiento de los derechos de los usuarios en relación a su información personal.  Se pone una barrera en el uso de los datos por parte de las empresas. La App La Liga puede encontrarse muy damnificada con la entrada de este Reglamento.

Son muchas las Apps, según un estudio de SafeDK, que podrán incumplir la regulación europea si siguen funcionando como hasta ahora. En este artículo, nos centraremos en el caso de la App La Liga. Esta App cuenta con una gran importancia debido a su popularidad.  Cuenta con más de 10 millones de descargas y con más 180.000 reseñas de usuarios. Por ello,  se ha convertido sin ninguna duda en una App con gran impacto social. Con la entrada del nuevo RGPD se puede encontrar en una situación de vulneración de datos. A continuación, explicaremos como la App La Liga puede infringir el RGPD y como nos afecta a nosotros, los usuarios.

 

Motivo del punto de mira de la App La Liga.

La App ha pasado a considerarse una App espía.  Esta App se instala gratuitamente y  permite activar el micrófono del móvil del usuario.  Además del sonido ambiente que le rodea también permite geolocalizar el dispositivo.

De este modo, esta aplicación puede descubrir si el dueño se encuentra en un bar viendo el partido.  Se podrá verificar si ese bar está dando a un servicio por el que está pagando.  O bien, si es un bar denominado comúnmente “pirata”. Los establecimientos piratas son los que no pagan por la emisión de partidos.  El micrófono y geoposicionamiento del dispositivo móvil se activa en las franjas horarias de partidos de la Liga. La Liga no ha desmentido esta información. De hecho, ha afirmado a través de un comunicado que su responsabilidad es la protección de clubes.  Asímismo, también protegen a los aficionados del fraude. Explican que esos establecimientos “piratas” conllevan una pérdida de 150 millones para el fútbol español.

Además, explicó que cuando un usuario actualiza o se descarga la app, el sistema operativo de su dispositivo móvil sí que le pedirá mediante una ventana emergente el consentimiento requerido para que la Liga tenga el permiso para activar el micrófono y el geoposicionamiento.

Por otra parte, la Liga recuerda que el consentimiento dado por el usuario podrá ser revocado en cualquier momento en los ajustes del dispositivo móvil.

Las razones argumentadas por la Liga no convencen a numerosos expertos.  Estos alegan que se puede estar incumpliendo el actual Reglamento General de Protección de Datos.  A continuación, relataremos los preceptos del RGPD que puede estar infringiendo esta app.

 

Principio de simplicidad.

El primero de los principios que no se cumple según el punto de vista ISACA Madrid  es el principio de simplicidad. ISACA es una asociación internacional relacionada con actividades de auditoría y control en sistemas de información. ISACA alega que para poder usar la App se deben aceptar todos los apartados de Uso y Privacidad. Esto repercute a que el ciudadano no entienda exactamente que está aceptando. En la primera fase, se expone que “La Liga utilizará tus datos personales para poder facilitarte los servicios propios de la Aplicación, siendo el tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que como interesado eres parte”.

Sin embargo, en el momento que se accede a las condiciones legales y a la política de privacidad la finalidad del tratamiento se extiende a 5 puntos más. En el quinto se expone que se pretende: “Detectar explotaciones fraudulentas de las retrasmisiones de los partido de fútbol de La Liga”.

 

Cambia la finalidad del tratamiento.

Con el uso de la App La Liga se acepta automáticamente que dicha aplicación active micrófono cuando alguien quiera. Según se indica en sus avisos “con el objeto de obtener información acerca de los lugares a través de los cuales se ven partidos que integran la Liga y de esta manera, detectar las posibles utilizaciones que infrinjan los derechos de propiedad intelectual de La Liga por parte de los establecimientos públicos”.

Esta situación, según profesionales de ISACA Madrid, sería totalmente contraria al fin del tratamiento que se explica en la primera capa de información que fue ofrecida por la app. En esta, se exponía que se aceptaba el consentimiento para que se pudieran facilitar los servicios propios de la aplicación. Por tanto, no es para que el usuario les haga un servicio de espionaje gratuito.

Por otra parte, los checks del micrófono y geolocalizaciones vienen premarcados. Esto lleva a cabo un incumplimiento de la norma según el RGPD. Además, no se encuentra la justificación de la licitud de los tratamientos 5 del uso del micrófono y el punto 6 de la geolocalización. Los otros tratamientos sí que con explicados por la App.  Son los relacionados con la relación contractual y con el interés legítimo.

 

Principio de minimización obviado.

Además, Ricardo Barrasa expone que se está incumpliendo de forma notoria otro de los principios del RGPD. Este el denominado principio de minimización. Este principio supone que las empresas y organizaciones recojan solo aquellos datos necesarios para realizar el servicio para el que fueron recogidos. El artículo 6.1 dice que el tratamiento solo será lícito si el interesado dio su consentimiento  para uno o varios fines específicos.

También hay una gran preocupación acerca del hecho de que la app recoja tantos personales. El problema que puede derivar de ello, es que con esos datos se pueden realizar perfilados. Y como consecuencia, no sabemos que se podrá hacer después dichos perfilados. Esto tampoco se explica en las condiciones que hay que aceptar cuando se instala la app. Por ello, ante este tipo de servicios y requerimientos de los mismos, los usuarios se encuentran en una situación de desprotección.

Si se obvia el principio de minimización, la impresión que ofrece la empresa peticionaria es la de que puede poseer un claro interés con lo que podría llegar a comerciar con los mismos. Pero esto no se puede hacer si la empresa no lo especifica de manera expresa y clara. Además, si se quisieran comercializar esos datos, los usuarios tendrían que dar su consentimiento expreso.

 

Reglamento Europeo de Protección de Datos contra las apps.

El caso de la App La Liga no es el único que puede infringir el RGPD. Hay muchas Apps que siguen estando en el punto de mira. Desde INESEM les invitamos a mostrar un elevado nivel de implicación en la lectura del consentimiento de la privacidad. En ciertos casos, puede significar la violación de nuestros derechos, especialmente en materia de Protección de Datos. Por lo que el caso de La App La Liga es el primer caso más sonado pero no el último, ya que se prevé un aumento exponencial de casos de este tipo. Para tener un real conocimiento en la materia le recomendamos el estudio del RGPD que podrá realizar en uno de nuestros cursos.

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Los memes en la nueva Ley Europea de Derechos de Autor https://revistadigital.inesem.es/juridico/la-nueva-ley-europea-de-derechos-de-autor/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/la-nueva-ley-europea-de-derechos-de-autor/#respond Wed, 04 Jul 2018 08:11:04 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2070 Si se aprueba la Ley Europea de Derechos de Autor, ¿Puede derivar en una censura de internet?Durante los próximos días se someterá a votación en el Parlamento Europeo, la nueva Ley Europea de Derechos de Autor, la cual pretende alcanzar una armonización entre las distintas regulaciones en la UE. Sin embargo, el asunto ha generado bastante en lo relativo al "impuesto al enlace" y al "sistema de monitorización".

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Los días 4 y 5 de Julio se someterá a votación la nueva Ley Europea de Derechos de Autor. Esta normativa de obligado cumplimiento, ha provocado un rechazo general y no solo por parte de los usuarios tradicionales del servicio, sino también  de expertos en la materia y diversas asociaciones.

Europa está al borde de cargarse los aspectos vitales de Internet, tales como, memes, Wikipedia, los fanart, cover de canciones, etc.

Para poder exponer los cambios, precisamos realizar una aproximación a la normativa comunitaria.

En primer lugar, debemos destacar que el contenido de la Directiva es de obligado cumplimiento. Sin embargo, a diferencia del Reglamento de la Unión Europea, esta carece de eficacia directa y, por ende, los Estados deben adoptar una Ley que la trasponga al Derecho interno.

¿Qué se pretende conseguir con esta regulación? El objetivo a cumplir es la armonización de la legislación en materia de derechos de autor entre los EEMM.

 

Entonces, ¿dónde está el problema?

En una primera toma de contacto, no existe un problema claro, pues la finalidad de la Ley Europea de Derechos de Autor es encontrar un equilibrio entre los derechos de autor y la libertad de expresión.

La problemática generalizada surge cuando comprobamos el contenido de los artículos 11 y 13. Además, no solo debemos tener en cuenta su imprecisión, sino la posterior adaptación por parte de los EEMM.

Varios expertos en la materia consideran que su aprobación acabaría totalmente con nuestro concepto de Internet.

Junto a lo anterior, consideramos necesario analizar los preceptos destacados anteriormente.

El Impuesto al Enlace.

El contenido del artículo 11 establece un canon por compartir un extracto o cita de una noticia, enlazar a una web de noticias, etc.

Esta tasa tiene su igual en la denominada Tasa Google cuya finalidad consistía en que las webs pagasen por incluir enlaces a noticias ¡e incluso si se aporta el enlace original!

La Tasa Google fue anulada por el Tribunal Supremo debido a un defecto formal  “al no tener en cuenta a las familias numerosas a la hora de estimar los pagos a los medios de  comunicación”.

Si nuestra intención es publicar un artículo de gran interés, necesitaremos una licencia especial del autor para compartir este contenido.

En defecto de lo anterior, tendremos que cumplir con 28 normativas estatales, fruto de la trasposición de Ley Europea de Derechos de Autor, pues no debemos olvidar que tal normativa sería de obligado cumplimiento. Será necesaria su trasposición pero no se fijará el modo de hacer cumplir la Ley.

Así se ha pronunciado la europarlamentaria Julia Reda que considera que la aprobación de tal normativa contraviene el mercado digital europeo.

Además, considera que “Tasar los enlaces solo busca consolidar el poder de los grandes grupos editoriales“.

La Censura.

Su rechazo recae sobre el contenido del artículo 13 que, incorpora nuevas responsabilidades para las compañías.

En concreto, de salir a flote esta nueva ley, las empresas deberán implementar los mecanismos de monitorización. Esta herramienta permitirá detectar si el contenido publicado está libre de derechos de autor.

Si procediere lo anterior, conllevará la correspondientes sanción que, como en la mayoría de supuestos, no son de poca cuantía.

Este mecanismo consiste en establecer un algoritmo que permita suprimir cualquier contenido que vulnere los derechos de autor.

Así, podemos incluir el ejemplo de Youtube, en el que EEUU le exime de cualquier sanción al emplear un sistema de monitorización, el famoso Content ID, que permite el barrido de las obras que infrinjan tales derechos, así como dispongan de un amplio equipo humano.

Imaginemos que un usuario sube un fragmento de una canción, cuya peculiaridad radica en el instrumento utilizado para su reproducción. El sistema de detección  propuesto por la UE no haría distinción alguna y procedería a bloquear el vídeo.

E incluso podemos mirar más allá y considerarlo como una herramienta política que permita suprimir material delicado.

Los Memes en el punto de mira de la UE.

Debemos tener cuenta que su aprobación no afectaría a los memes, pues en la nueva Ley Europea de Derechos de Autor no hace mención alguna a las parodias.

Sin embargo, si lo hace la Ley de la Propiedad Intelectual en su artículo 39, donde se determina que:

“No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor”.

Sin embargo, el peligro radica en el algoritmo y así se ha pronunciado Jim Killock, responsable del Open Rights Group:

“Aunque las máquinas pueden detectar cargas duplicadas de canciones de Beyoncé, no pueden detectar parodias, comprender memes que usan imágenes con derechos de autor, ni emitir ningún tipo de juicio cultural sobre lo que las personas creativas hacen”.

Por todo lo anterior, y con el único objetivo de garantizar la libertad de expresión, así como permitir que Internet siga evolucionando como una herramienta de aprendizaje constante, en la que podamos compartir toda clase de contenido y nuestros derechos estén totalmente garantizados, varias organizaciones han creado la plataforma Saveyourinternet.eu o changecopyright.org. A través de las cuales, nos podemos poner en contacto con los diputados del Parlamento Europeo y comunicarles que no voten a favor de la adopción de Ley Europea de Derechos de Autor en materia de derechos de autor y garanticen un libre uso de Internet.

El artículo Los memes en la nueva Ley Europea de Derechos de Autor aparece primero en Revista Digital INESEM

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