Canal Jurídico https://revistadigital.inesem.es/juridico Canal de Noticias gestionado por el Departamento Docente Jurídico de INESEM Fri, 19 Jul 2019 07:47:47 +0200 es-ES hourly 1 Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿Qué debes saber sobre esta Ley? https://revistadigital.inesem.es/juridico/ley-de-suelo-y-rehabilitacion-urbana/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/ley-de-suelo-y-rehabilitacion-urbana/#respond Tue, 16 Jul 2019 07:23:15 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2331 Ley de Suelo y Rehabilitación UrbanaLa Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico del suelo, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia. ¿Quieres conocer todo lo relativo a esta ley?

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El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana pretende cumplir con dos objetivos:

  • Aclarar, regularizar y armonizar la terminología y el contenido dispositivo de los textos legales.
  • Estructurar y ordenar en una única disposición general los preceptos de diferente naturaleza y alcance que contienen aquéllos.

El objeto de esta Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, radica en garantizar para todo el territorio estatal:

  • a) “La igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, relacionados con el suelo.
  • b) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Asimismo, establece esta Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico del suelo, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia“.

En concreto, nos centraremos en analizar los aspectos principales sobre el Régimen de Valoraciones establecido en este Real Decreto.

 

Ámbito de aplicación material

Según el artículo 34.1 del TRLSRU, dispone que las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, así como los derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se regirán por lo dispuesto en este texto legal cuando tengan por objeto:

a) “La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados.

b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la legislación que la motive.

c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas.

d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”.

En el apartado siguiente del mismo precepto, se recogen los momentos en los que se entienden referidas las valoraciones. Asimismo, y a modo de ejemplo, cuando estamos ante los supuestos que se contemplan en la letra a), es decir, supuestos de verificación de las operaciones de reparto de beneficios. etc., la valoración se referirá a la fecha de inicio del procedimiento de aprobación que lo motive.

Por otro lado, si nos encontramos ante un supuesto de venta o sustitución forzosa nos remitiremos al momento de iniciación del procedimiento de declaración de incumplimiento (Art. 34.1, letra c.) o al inicio del expediente de justriprecio (Art. 34.1 letra b.).

 

Criterios para la valoración de Perito Judicial Inmobiliarioen la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

El Artículo 35 del TRLSRU bajo el título “criterios para la valoración de inmuebles”  establece aquellas premisas generales a aplicar para la valoración de inmuebles.

En este caso, se establece que: el valor del suelo se corresponderá “a su pleno dominio, libre toda carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad“; que “el suelo se tasará teniendo en cuenta su situación y con independencia de la causa de valoración e instrumento legal que la motiva“; que en suelo urbanizado, “las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 37″, etc.

I. Valoraciones en el suelo rural

Cuando el suelo sea rural conforme a los criterios fijados en el TRLSRU y conforme a la 7ª DA:

  • Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual o potencial.

Esta renta se determinará teniendo en cuenta el rendimiento del uso, disfrute o explotación que sean susceptibles del terreno, mediante el uso de los medios técnicos normales para su producción. Además, se incluirán a estos las posibles subvenciones que pudieran recaer sobre los cultivos, descontándose los costes necesarios para su explotación.

  • En el caso de las edificaciones, construcciones e instalaciones, estas se tasarán mediante el método de coste de reposición, teniendo en cuenta su estado y antigüedad.
  • Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios establecidos por las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos.

II. Valoración en el suelo urbanizado

Nos remitiremos al artículo 37 del TRLSRU de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en el que se incluye una diferenciación al distinguir el suelo urbanizado sin edificación con edificación ilegal o sin ésta, en situación de ruina, el suelo edificado o en proceso de edificación y suelo urbanizado sometido a actuaciones reforma o renovación de la urbanización.

Suelo urbanizado sin edificación Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler Método residual estático Se descuenta el valor de los deberes y cargas pendientes para la edificación.
Suelo edificado o en proceso de edificación Valor de tasación superior de entre los siguientes métodos Método de Comparación vs. Método Residual
Suelo sometido a actuaciones de reforma Se aplica el método residual, teniendo en cuenta los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen

III. Valoración de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización

Procede valorar la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización cuando concurra los requisitos establecidos en el artículo 38.1 del TRLSRU.

Debemos destacar que esta indemnización también se encuentra regulada por el artículo 28 del RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo.

¿A qué se debe esto? Según el artículo 41, se determina que la valoración, en todo lo no dispuesto en esta Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana se realizará, conforme a las Leyes de ordenación territorial y urbanística, cuando tuvieran por objeto la verificación de las operaciones precisas para la ejecución de la ordenación urbanística y, en concreto, la distribución de los beneficios y las cargas derivadas y, conforme a los criterios fijados por la legislación general de expropiación forzosas y de responsabilidad de las Administraciones Públicas.

IV. Indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización o de edificación

La Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece una segunda indemnización para los costes en los que hubiera podido incurrir alguno de los sujetos intervinientes en estas iniciativas que devienen inútiles por efectos del acto o hecho que motivó la valoración.

Estos gastos se tasarán por un importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la primera de riesgo, conforme al artículo 39.1 TRLSRU.

Una vez iniciadas estas actuaciones, se valorarán conforme al precepto anterior o en proporción al grado alcanzado en su ejecución, siempre que ésta se desarrolle conforme a los instrumentos que la legitiman.

Para ello, al grado de ejecución se le asignará un valor entre 0 y 1, que se multiplicará:

a) Por la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando la disposición, el acto o hecho que motiva la valoración impida su terminación.

b) Por la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera terminada la actuación, cuando sólo se alteren las condiciones de su ejecución, sin impedir su terminación.

El resultado obtenido a través del método anterior, no podrá ser inferior a la establecida en el artículo 38 TRLSRU.

V. Valoraciones del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas

Las valoraciones de este apartado, se encuentran reguladas en el artículo 39 TRLSRU, de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

El precepto establece que, en defecto de acuerto, todos los sujetos afectados, deben valorar  “deban valorarse las aportaciones de suelo de los propietarios partícipes en una actuación de urbanización en ejercicio de la facultad establecida en la letra c) del apartado 2 del artículo 13, para ponderarlas entre sí o con las aportaciones del promotor o de la Administración, a los efectos del reparto de los beneficios y cargas y la adjudicación de parcelas resultantes, el suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación.

En el caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicación de parcelas resultantes de una actuación de urbanización por causa de la insuficiencia de su aportación, el suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación, descontados los gastos de urbanización correspondientes incrementados por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo“.

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Qué hacer con vecinos ruidosos – Soluciones Legales https://revistadigital.inesem.es/juridico/que-hacer-con-vecinos-ruidosos/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/que-hacer-con-vecinos-ruidosos/#comments Fri, 12 Jul 2019 08:36:24 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2355 Una situación molesta a consecuencia de los ruidos provocados por vecinos, nos sitúa en la tesitura de ¿qué hacer con vecinos ruidosos?Es un hecho que este problema está presente en innumerables casos y por ello, conocer cómo actuar ante esta situación va a facilitar el descanso

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Vecinos….¿Qué hacer con vecinos ruidosos?

Continuamente, escuchamos situaciones de tensiones vecinales a consecuencia de los ruidos a horas intempestivas. Es más común encontrar estas situaciones en las comunidades de propietarios debido al ruido proveniente de los vecinos de arriba o de los locales comerciales, que suele haber debajo de los bloques de pisos.

En este caso, nos vamos a centrar en aquellos ruidos producidos en las comunidades de vecinos y qué pasos hay que conocer para solventar este típico problema.

 

Los vecinos ruidosos en las comunidades de vecinos. Base Legal

Cuando nos encontramos una situación molesta a consecuencia de los ruidos provocados por los inquilinos/vecinos, nos situamos en la tesitura de cómo resolver dicho problema; sobre qué hacer con vecinos ruidosos.

El primer paso, será intentar dialogar con esos vecinos de forma conciliadora y directa, o mediante el presidente de la comunidad pero, ¿qué hacer con vecinos ruidosos que no atienden a razones?

Es en este momento, en el que se hace necesario atender a los cauces legales disponibles para resolver esta situación. Son tres las referencias normativas a conocer:

Si eres propietario…

Al propietario de un piso le será de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal, cuya base legal parte del artículo 7.2 º al establecer:

“Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

Si eres arrendatario….

Al inquilino de un piso arrendado le será de aplicación lo establecido por el artículo 27.2, apartado e), de la Ley de Arrendamiento Urbanos:

“El arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato ( … ) cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

 

¿Qué hacer con vecinos ruidosos? Pasos para combatirlos

1.- Como ya hemos indicado, lo primero es hablar con esa persona. Acercarse de forma tranquila, relajada y sin incitar la amenaza.

2.- Si el primer paso no ha funcionado,  es momento de acudir al presidente de la comunidad para unir fuerzas.

3.- Si el vecino/inquilino no cesa en su actividad molesta, toca llamar a la policía. Esta llamada dará lugar a la elaboración de un atestado policial que reflejará la existencia de un problema vecinal a consecuencia del ruido excesivo.

4.- Si a pesar del aviso policial, el vecino persiste en su conducta, es el momento de proceder por parte de la comunidad bajo apercibimiento de ejercitar acciones legales.

 

La actuación de la comunidad de vecinos

La primera acción a realizar, será enviar un escrito al susodicho para que cese el ruido y la perturbación de la convivencia vecinal.

Intentado el paso anterior, el presidente de la comunidad convocará una junta extraordinaria con los vecinos para resolver el problema estableciendo, en el orden del día, la necesidad de tomar acciones legales contra dicha persona.

El segundo paso, será acudir a la vía judicial mediante la acción de cesación con la que se podrán solicitar medidas cautelares.

Esta acción podrá dar lugar a la prohibición del uso de vivienda por un período de hasta tres años para el propietario, o la resolución del contrato de arrendamiento en caso de ser alquilado.

Será conveniente que el requerimiento para cesar en los ruidos, en caso de arrendamiento, se haga tanto al propietario/arrendador como al arrendatario por medio de burofax, acta notarial o cualquier vía que sea de carácter fehaciente.

 

Del horario de ruidos

Partiendo de la base normativa municipal, distinta según el municipio en el que nos encontremos, hay que establecer que el horario de descanso, mayoritariamente, se encuentra establecido entre las 22:00 de la noche, a las 7:00 a 8:00 de la mañana del día siguiente. Situándose los fines de semana a partir de las 8:00 a 9:00 de la mañana, hasta las 23:00 de la noche.

En horario nocturno, el número máximo de decibelios permitidos, por regla general, es de 30 decibelios frente a los 35 del horario diurno.

 

Otras posibilidades de hacer frente a los ruidos

  • Denunciar en el ayuntamiento solicitando que la policía vaya a comprobar los decibelios de esa vivienda en el horario habitual en el que se suelen producir.
  • Realizar una peritación acústica, la cual servirá de prueba en juicio para constatar la existencia de ruidos molestos de la vivienda en cuestión.

Los vecinos ruidosos son un problema y claro está, que ante situaciones desesperadas se requieren medidas drásticas, como el hecho de tener que acudir a la vía judicial para poder descansar en tu propia casa.

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¿Cuándo surge la deuda tributaria? ¿Cuáles son sus vías de extinción? https://revistadigital.inesem.es/juridico/cuando-surge-la-deuda-tributaria/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/cuando-surge-la-deuda-tributaria/#respond Mon, 24 Jun 2019 08:36:51 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2348 Cuándo surge la deuda tributariaLa deuda tributaria se define como la obligación legal inherente a una persona física o jurídica a favor de la administración tributaria. Esta deuda coincidirá con la cantidad que debe ingresarse en el tesoro público, por la liquidación de un tributo. Pero, ¿sabes cuándo surge o qué elementos y vías de extinción indicen en ella?…

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Antes de analizar cuándo surge la deuda tributaria, comenzaremos a realizar una breve exposición sobre sus características principales.

La deuda tributaria se define como la obligación legal inherente a una persona física o jurídica a favor de la administración tributaria.

Esta se encuentra constituida,  conforme al artículo 58.1  de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), “por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta”.

Esta deuda coincidirá con la cantidad que debe ingresarse en el tesoro público, a raíz de la liquidación de un tributo.

Junto a lo anterior, queda claro que nos encontramos ante dos supuestos que nos permiten analizar cuándo surge la deuda tributaria. Por un lado, el importe a ingresar, el cual surge de la obligación tributaria principal como consecuencia del concurrir del hecho imponible y de los relacionados con los pagos a cuenta, estos son, el importe de las retenciones practicas, ingresos a cuenta, etc.

 

Elementos de la deuda tributaria

La misma disposición legal establece en su apartado 2 otros elementos que integrarán la deuda tributaria:

a) El interés de demora.

Comúnmente denominados intereses moratorios, se definen como la indemnización a pagar por el deudor (contribuyente) al acreedor (Administración Tributaria) debido al retraso en el pago de la deuda.

El tipo de interés será el interés legal del dinero, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuesto Generales del Estado estableciera otro diferente.

b) Los recargos por declaración extemporánea.

Son prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de declaraciones o autoliquidaciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria.

Retrasos
Hasta 3 meses 5%
Hasta 6 meses 10%
Hasta 12 meses 15%
Más de 12 meses 20% + intereses

c) Los recargos del período ejecutivo.

Para conocer cuándo surge la deuda tributaria también debemos conocer los recargos. Estos recargos se devengan con el inicio del periodo ejecutivo, bien al día siguiente al de vencimiento del plazo para su ingreso o al día siguiente de su finalización, en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso.

Los recargos serán de tres tipos:

1) Recargo ejecutivo: será del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la deuda tributaria no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación del a providencia de apremio.

2) Recargo de apremio reducido: será del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda tributaria no ingresada en periodo voluntario, además del propio recargo ejecutivo, antes de la finalización del plazo, conforme a lo previsto en el artículo 62.5 LGT.

3) Recargo de apremio ordinario: alcanza el 20% y se aplicará cuando no concurran los presupuestos para la aplicación de los recargos anteriores.

d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros entes públicos.

Se tratan de impuestos configurados como recargos sobre otros ya existentes.

 

Vías para la extinción de la deuda tributaria

Existen varias formas de proceder para la extinción de las deudas, por lo que tras conocer cuándo surge la deuda tributaria, deberías conocer algunas de ellas:

Pago de la deuda

Estamos ante uno de los medios tradicionales y más lógicos de extinción de las deudas tributarias.

Además, las deudas tributarias que se encuentran en periodo voluntario o ejecutivo pueden aplazarse o fraccionarse, conforme a lo establecido en las disposiciones reglamentarias de aplicación y previa solicitud del obligado tributario “cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos“.

La principal diferencia existente entre ambas figuras estriba en que el aplazamiento posee un único vencimiento.

Aquellas cantidades aplazadas devengarán intereses de demora calculados entre la fecha de fin para el ingreso en periodo voluntario y la fecha de vencimiento del aplazamiento concedido por la Administración Tributaria.

En el supuesto de concesión del fraccionamiento, los intereses de demora se fijarán en función de cada fracción de deuda.

Prescripción

Debemos tener claro que la prescripción de la deuda tributaria no requiere de su invocación por el obligado tributario y, por ende, es altamente recomendable conocer los plazos de prescripción antes de saber cuándo surge la deuda tributaria, así como las causas que lo pueden interrumpir.

Tal y como se fija en el artículo 66 LGT, prescribirán a los cuatro años:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

No obstante, este plazo puede interrumpirse, como por ejemplo, por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier tipo; por la declaración de concurso de acreedores, etc.

Asimismo, una vez finalice el proceso que interrumpió la deuda, el plazo para su prescripción requerirá del transcurso de un nuevo periodo de cuatro años.

Condonación

Se encuentra regulada en el artículo 59 de la Ley General Tributaria, donde se determina que las deudas tributarias pueden extinguirse por el acto de renuncia al cobro de la deuda por la Hacienda Pública.

Insolvencia

Aquellas deudas tributarias que no se hubieren podido satisfacer conforme a los procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados tributarios, se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto no produce la extinción de la deuda tributaria, pues para ello, se requiere que esta no sea rehabilitada y concurra el plazo de prescripción recogido en el artículo 173.2 LGT.

Compensación

Cabe la posibilidad de que las deudas tributarias se extingan de forma total o parcial por compensación, ya sea de oficio o a instancia del obligado tributario.

Se podrán compensar de oficio las deudas que se encuentren en periodo voluntario y solicitar la compensación de las deudas tributarias que se encuentren tanto en período voluntario de pago como en período ejecutivo. No obstante, es requisito indispensable que los créditos se encuentren reconocidos por un acto administrativo a favor del deudor.

¿Qué documentación tendremos que presentar si la deuda tributaria se determinó mediante autoliquidación?

Ahora que ya conocemos cuándo surge la deuda tributaria, deberíamos conocer cómo se determinó. Si la deuda tributaria ha sido determinada mediante autoliquidación, tendremos que presentar el modelo oficial debidamente cumplimentado, salvo que este estuviese en poder la Administración Tributaria, en cuyo caso, solo tendremos que determinar la fecha y procedimiento en la que se presentó.

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Novedades y conceptos generales de la Propiedad Intelectual en Internet. https://revistadigital.inesem.es/juridico/la-propiedad-intelectual-e-internet/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/la-propiedad-intelectual-e-internet/#comments Tue, 14 May 2019 07:40:32 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=1827 La Propiedad Intelectual en Internet¿Qué ocurre si se viola la propiedad intelectual en Internet? La digitalización de las obras y su divulgación afecta gravemente al ejercicio de los derechos protegidos y claro está, que si alguien viola o ataca la obra de otra persona, va a ser sancionado por ello. Pero, ¿esta sanción permite proteger la Propiedad Intelectual?

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En los últimos tiempos, Internet se ha convertido en el eje de consulta mundial. Cada día, se maneja información de distinta índole perteneciente a una diversidad de personas, por miles de millones de usuarios pero, ¿qué ocurre con la propiedad intelectual en Internet?

La propiedad intelectual en Internet, supone la protección del derecho reconocido por ley con el plus del agujero que encierra la existencia de una información perteneciente a una persona en Internet.

El manejo de las ideas pertenecientes a otras personas y la protección que merecen por ley, se encuentran bajo la premisa “la propiedad intelectual en Internet”. 

Para proteger la propiedad intelectual en Internet, va a ser necesario que primero se conozca cómo funciona la protección de las ideas posteriormente plasmadas por una persona, y cuya originalidad merece de protección por el Ordenamiento.

Pero, ¿Realmente existe esa propiedad intelectual en Internet? 

 

Conceptos Generales

La propiedad intelectual, es un derecho fundamental reconocido por el artículo 27, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual supone:

El derecho de toda persona “a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”

Cuando se habla de propiedad intelectual, se está hablando de la protección de la creación de ideas de valor único, ya sean tangibles o intangibles. De la protección de la originalidad en todas sus vertientes.

En la legislación española, la propiedad intelectual, regulada en el artículo 428, del Código Civil  y en Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , se define como “la obra literaria, artística o científica, expresadas en cualquier medio (libros, escritos, composiciones musicales, obras, coreografías, obras audiovisuales, esculturas, obras pictóricas, planos, maquetas, mapas, fotografías, programas de ordenador y bases de datos) que corresponde a su autor por el solo hecho de su creación, que tiene derecho a explotarla y disponer de ella a su voluntad”.

Esto es así, porque la protección de la propiedad intelectual supone la existencia de un conjunto de derechos que hacen que el creador de una obra sea propietario de la misma.

En este sentido, la propiedad intelectual comprende el reconocimiento de los siguientes derechos:

  • El derecho moral: lo que hace identificar al autor de la obra como suya.
  • El derecho patrimonial: lo que hace obtener una retribución económica por ese derecho reconocido.

 

Novedades legislativas

El pasado 2 de marzo, llegaba al BOE la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Dicha reforma trae consigo la incorporación a nuestro Ordenamiento Jurídico de la Directiva 2014/26, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multerritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, y la Directiva 2017/1564, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegida por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos.

La nueva Ley, que entró en vigor el 3 de marzo del presente año, ha introducido, en relación a la propiedad intelectual y su violación en Internet, la siguiente reforma:

  • En relación a la Comisión Segunda de la Propiedad Intelectual. Se podrán bloquear páginas Web que incumplan el derecho de propiedad intelectual, cuando dicha violación sea grave y reiterada. Además, no será necesaria autorización judicial para ello. Todo ello en atención al artículo 195.6, de la Ley de Propiedad Intelectual.

 

La violación del derecho en Internet

En los últimos años, se está viendo muy afectada la propiedad intelectual en Internet, dado el mal uso que hacen los usuarios de las obras literarias, artísticas o científicas de las que hoy día se tienen a disposición en la red. La proliferación del uso de Internet conlleva que cada vez más haya información protegida que se utiliza de forma ilegítima, habiendo multitud de usuarios que hacen suyos contenidos ajenos.

¿Qué ocurre si se viola la propiedad intelectual en Internet? Como conducta ilegal y típica, castigada en el Código Penal en los artículos 270 y ss., en caso de que algún sujeto invada de forma ilegal el derecho protegido correspondiente a una persona,  dicha conducta será castigada.

Aunque, lo cierto es  que, actualmente, resulta muy complicado identificar a los sujetos infractores, dada la amplitud de navegación en la red y la cantidad de usuarios sin identificar. En otras palabra, resulta de difícil protección el derecho de propiedad intelectual en Internet. De este modo, la digitalización de las obras y su divulgación afecta gravemente al ejercicio de los derechos protegidos.

En la actualidad, las descargas no autorizadas que infringen la ley se traducen en algo demasiado habitual, lo que se produce debido a la facilidad para descargar archivos digitales y copias de contenidos no autorizados.

A pesar de los esfuerzos por proteger la propiedad intelectual en Internet, son aún más las barreras creadas por los infractores para evitar el ser descubiertos y seguir evadiendo el cumplimiento de la legalidad vigente.

Esto nos lleva a la pregunta, ¿la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en Internet es suficiente?

Todo lo anterior se traduce en  grandes pérdidas económicas a los creadores de las obras ya que, desde los inicios de Internet y actualmente, el cortar-pegar sigue siendo una de las mayores formas de usurpación de las obras que intelectualmente, no les corresponden a los que las usan y, que a pesar de los medios y dureza de la normativa cada vez más mejorada, en caso de infracción, resulta poco probable la imputación del delito al sujeto infractor al desconocer el autor propietario la existencia de dicha violación de su derecho.

En definitiva, no es tarea fácil, siquiera de lejos, la protección de la propiedad intelectual en Internet y la legalidad de la misma, por lo que es necesario seguir trabajando por el legislador y así lograr hacer frente a los retos que las nuevas tecnologías están planteando.

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”.

Mahatma Gandhi.

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Ley de Protección de Datos en Centros Educativos: Principales características. https://revistadigital.inesem.es/juridico/ley-de-proteccion-de-datos-en-centros-educativos/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/ley-de-proteccion-de-datos-en-centros-educativos/#comments Fri, 10 May 2019 08:16:32 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2320 Ley de protección de Datos en Centros EducativosTras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, debemos prestar especial atención a la regulación sobre el tratamiento de datos realizados por los Centros Educativos y así poder determinar distintos aspectos indispensables a tener en cuenta. ¿Quieres conocer las características principales de esta ley?

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Tras la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (UE) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales conviene realizar un análisis de las novedades legislativas que implicarán prestar una especial atención en lo referente a la Ley de Protección de Datos en Centros Educativos.

 

Antecedentes a la Ley de Protección de Datos en Centros Educativos.

La educación es uno de los pilares fundamentales que permiten el desarrollo y progreso de la sociedad. Serán los centros educativos los encargados de llevar a cabo la función docente y orientadora de los alumnos.

Junto a lo anterior, deben prestar especial atención al tratamiento de los datos personales de estos y de otros colectivos estrechamente relacionados como: sus padres, tutores y el personal docente.

La Agencia Española de Protección de Datos con el objetivo de colaborar con los centros educativos en el impulso de la cultura de la protección de datos realizó el Plan sectorial de Oficio sobre la enseñanza reglada no universitaria.

Este plan recopilaba una serie de conclusiones y recomendaciones determinar el grado de cumplimiento de la normativa en protección de datos personales en centros educativos.

Además, la AEPD publicó en el año 2018 el  “Informe sobre la utilización por parte de profesores y alumnos de aplicaciones que almacenan datos en nube con sistemas ajenos a las plataformas educativas con el objetivo de “facilitar la evolución de la educación hacia un entorno digital y contribuir a que el desarrollo de nuevos modelos de estos servicios respeten los derechos de los afectados“.

Con la entrada en vigor el pasado 25 de mayo de 2018 del Reglamento General de protección de Datos (UE) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) se incorporan distintos aspectos a tener en cuenta sobre el tratamiento de datos personales en centros educativos, es decir, la Ley de Protección de Datos en Centros Educativos.

 

Principales notas características de la Ley de Protección de Datos en Centros Educativos

I. Datos personales en Centros educativos

Entendemos por dato personal como toda información que permite identificar o hace identificable a una persona física.

Dicho esto, si contextualizamos esta definición a los tratamientos de datos realizados en centros educativos, los datos personales que permitirán identificar a una persona directa o indirectamente serán:

  • Sus datos identificativos.
  • Sus datos  académicos, financieros, o profesionales.
  • Las imágenes captadas de los alumnos.

II. Categorías especiales de datos

Sabemos que cuando hacemos mención a categorías especiales de datos, nos referimos a los datos que revelan el origen étnico, racial, datos biométricos, etc.

En la mayoría de supuestos, los datos especiales tratados por centros educativos se corresponden con datos relativos a la salud de sus alumnos, tratados en aras de prestar los correspondientes servicios médicos, conocer las alergias e intolerancias de los alumnos en lo que respecta a los servicios de comedor escolar o adaptar la docencia a aquellos que padezcan algún tipo de discapacidad física o psíquica.

III. Sujetos en la ley de protección de datos en centros educativos

a) Responsable del tratamiento

Éste será aquella persona física o jurídica, pública o privada, que determina los fines y medios del tratamiento.

Junto a lo anterior, deducimos que cuando estemos ante centros educativos públicos, el responsable del tratamiento será la propia Administración Pública competente.

Por otro lado, si hablamos de centros privados o concertados, el responsable del tratamiento será el propio centro educativo.

b) Encargado del tratamiento

Es aquella persona física o jurídica, autoridad pública o servicio que trata datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

Estos suelen coincidir con los servicios tradicionales prestados en centros educativos como los servicios de comedor, de transporte de alumnos,  de seguridad, etc.

c) Delegado de protección de datos

Una de las medidas incorporadas por el Reglamento General de Protección de Datos (UE) consiste en la designación de un Delegado de Protección de Datos Personales.

La propia LOPDGDD incorpora en su artículo 34.1 aquellos supuestos en los que el responsable y encargado del tratamiento deberán designar a un Delegado de Protección de Datos, en concreto, “Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas”.

IV. Base de legitimación

En primer lugar, debemos destacar que la actual LOPDGDD fija en 14 años, el consentimiento prestado por menores de edad para el tratamiento de datos personales.

Aquellos menores de 14 años, deberán contar con el consentimiento o autorización de sus padres o tutores.

No debemos olvidar que existen alternativas a las bases de legitimación del RGPD y LOPDGDD.

Un ejemplo de lo anterior es la legitimación fijada por la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE) para el tratamiento de datos personales en el ejercicio de la función docente y orientadora.

V. ¿Qué datos podemos tratar como responsable del tratamiento?

La LOE legitima el tratamiento de los siguientes datos:

  • Origen y ambiente familiar.
  • Características o condiciones personales.
  • Datos sobre resultados de la función docente.

Además, pueden tratarse datos relativos a la salud, sobre la religión de los alumnos, así como datos biométricos.

Un ejemplo de datos biométricos sería el establecer un sistema de acceso mediante el uso de la huella dactilar a las instalaciones. En este caso, la propia AEPD permite este tipo de tratamientos cuando se implementen medidas que garanticen el cifrado de la información, la conversión de la huella en un algoritmo, etc.

VI. Supuestos específicos sobre el tratamiento de la Ley de Protección de Datos en Centros Educativos

He solicitado plaza para mi hijo, ¿Puede un centro publicar listas con los alumnos admitidos?

En el caso en que se requiera la concurrencia de unos requisitos mínimos para la admisión de los alumnos en los centros educativos, podrá proceder a la publicación de este listado.

Sin embargo, esta publicación se deberá realizar de forma limitada o restringida con el objetivo de que sean los propios solicitantes los que tengan acceso a este listado. Según la Ley de Protección de Datos en Centros Educativos.

¿Puede un centro educativo publicar las listas sobre los alumnos becados?

La normativa vigente determina la obligación de publicar la información correspondiente a las subvenciones y ayudas públicas concedidas por las Administraciones Públicas.

En ningún caso, se deberán publicar datos personales ajenos a los requisitos tenidos en cuenta por la Administración para la concesión de tales ayudas.

Evidentemente, cuando estos listados dejen de ser necesarios, deberán ser retirados.

Y, ¿en cuanto a los expedientes académicos?

¿Puede un profesor acceder a los expedientes académicos de los alumnos?

Los docentes podrán acceder tanto a los datos del expediente académico de los alumnos a los que imparte docencia, así como a los datos sobre la salud de estos.

La finalidad sobre el acceso a la información de la salud de sus alumnos radica en que el docente sea consciente de las limitaciones físicas, intelectuales o psíquicas de sus alumnos y así pueda garantizar una atención personalizada al alumno.

¿Pueden comunicarse los datos de los alumnos y sus padres a las AMPA?

En la práctica, es posible que sean los propios centros educativos los que faciliten los datos a las AMPA, en cuyo caso, se deberá contar con el consentimiento de los interesados.

Además, las AMPA podrán recabar el consentimiento de los titulares de los datos personales e informar sobre la finalidad del tratamiento.

Para ello, tendremos que  diferenciar dos tipos de interesados: los asociados y no asociados.

En el primer caso, dada su condición de progenitores no se requerirá su consentimiento.

A sensu contrario, los no asociados deberán prestar su consentimiento e informar sobre la finalidad de este tratamiento.

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Las claves principales sobre la cotización de los becarios. https://revistadigital.inesem.es/juridico/las-claves-sobre-la-cotizacion-de-los-becarios/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/las-claves-sobre-la-cotizacion-de-los-becarios/#respond Fri, 26 Apr 2019 09:33:20 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=1191 Grupo de cotización becariosLa regulación de la figura del grupo de cotización de los becarios ha sido durante mucho tiempo una laguna legal de nuestro sistema. Estos se encontraban en un limbo legal donde no sabían dónde acudir ni a qué régimen sujetarse para conocer sus derechos y obligaciones. Antes, no era obligatoria la cotización de los becarios sin obtener…

El artículo Las claves principales sobre la cotización de los becarios. aparece primero en Revista Digital INESEM

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La regulación de la figura del grupo de cotización becarios ha sido durante mucho tiempo una laguna legal de nuestro sistema. Estos se encontraban en un limbo legal donde no sabían dónde acudir ni a qué régimen sujetarse para conocer sus derechos y obligaciones.

Las empresas, fundaciones y entidades deberán dar de alta a los becarios en la Seguridad Social.

Según el Real Decreto-Ley 28/2018. Esto incumbe a los que desempeñen prácticas formativas, prácticas no laborales en empresas y prácticas académicas externas.

Antes, no era obligatoria la cotización de los becarios sin obtener sueldo a cambio.  Se pretende que las empresas incluyan al estudiante (prácticas remuneradas o no), en el sistema de Seguridad Social.

 

Requisitos para ser beneficiario:

  • Participantes en programas de formación financiados.
  • Realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades y que estas no fuesen exclusivamente lectivas.
  • Existencia de contraprestación económica de estas prácticas.
  • Que la realización de prácticas no diese lugar a una relación laboral que conllevase otra alta en la Seguridad Social.

El grupo de cotización becarios no incluye contribuciones al desempleo y por lo tanto no genera derecho al paro.

Esta noticia mejora el estatus de los becarios, ya que estos empiezan a aportar a la Seguridad Social acumulación de derechos, tales como el derecho de jubilación, de invalidez o de incapacidad temporal.

Requisitos de los becarios sujetos a contrato de formación y aprendizaje:

Estos trabajadores deberán reunir estos requisitos:

  • No tener cualificación para un contrato en prácticas.
  • Tener entre 16 y 25 años. Para personas con discapacidad no existe límite de edad y para personas en exclusión social.

La duración de este contrato es como tiempo mínimo de 1 año, hasta como máximo 3 años.

Se establece un mínimo por convenio colectivo de 6 meses. El salario no debe de ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional.

Diferencia entre prácticas externas curriculares y extracurriculares

Estos tipos de prácticas dependen de dos cosas: número de créditos superados de la titulación y la incorporación de prácticas en el Plan de Estudios del alumno.

Las extracurriculares, se denominan también como prácticas voluntarias en empresa, pueden ser solicitadas una vez se haya superado el 50% de créditos. Tienen carácter voluntario y están libres de convocatorias y calificación final.

Las prácticas curriculares si están en el Plan de Estudio y tienen competencias y objetivos a cumplir académicamente. Aunque ambas prácticas tengan el mismo fin, estas son como otra asignatura más.

 

Alta en la Seguridad Social

La persona que debe de cumplir la obligación en materia de Seguridad Social, dependerá del tipo de prácticas.

En el caso de prácticas y programas formativos remunerados, la persona que debe cumplir es quien corresponda en materia de Seguridad Social.

Siendo prácticas y programas formativos no remunerados será la empresa, institución o entidad en las que se efectúen. Menos en los casos que por convenio colectivo o acuerdo digan que corresponde al centro educativo.

La cotización de los becarios es efectuada:

El grupo de cotización becarios a la Seguridad Social, se llevará a cabo aplicando las normas de cotización para contratos de formación y aprendizaje. No existe compromiso de cotización por desempleo, ni al Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.

Todavía está pendiente de redactar el reglamento de la aprobación de la Ley. Debido a la negativa de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), se ha aplazado hasta el curso 2019-2020.

Los requisitos para que un becario deba cotizar a la seguridad social son:

  • Disponer de un convenio de prácticas.
  • Bolsa de ayuda o remuneración para el estudiante.
  • Identificación nacional.
  • Número de cotización a la Seguridad Social en España.

¿Cuánto cotiza un becario?

Estos cotizan una cantidad fija idéntica a los contratos en formación, sin Desempleo, FOGASA, ni FP:

CONCEPTO EMPRESA TRABAJADOR TOTAL
Por Contingencias Comunes 42,56€ 8,49€ 51,05€
Por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales IT: 3,27€

Incapacidad, Muerte y Supervivencia: 2,58€

5,85€

Fuente:Seg-social.es. (2019). Seguridad Social: Cotización / Recaudación de Trabajadores. [online] Available at: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537 [Accessed 25 Apr. 2019].

Será efectivo para grupo de cotización becarios e investigadores, en el campo de utilización del Real Decreto 63/2006. de 27 de enero.

En los dos años primeros, se aplicarán las normas oportunas a la cotización en los contratos para la formación usando la cotización por contingencias comunes y profesionales.

Se empezará a cotizar según lo previsto en el Real Decreto- Ley 28/2018, de 28 de diciembre. En el período de tres meses a partir de haberse entrado en vigor del Real Decreto- Ley (01/01/2019).

Los que ya estuvieran realizando prácticas laborales no remuneradas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, pueden suscribir un convenio especial. Dicho convenio es por única vez, en el plazo, términos y condiciones que acuerde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

De esta forma, se podrán computar las cotizaciones de los períodos de formación realizados con anterioridad, hasta como máximo dos años.

 

¿Se verán perjudicadas las empresas?

Los rectores de la CRUE y los representantes de docencia en FP aprueban la entrada de la nueva medida para los becarios. Les inquieta que debido a esto, baje la oferta de prácticas debido a que las empresas o centros de estudios no dispongan de presupuesto.

Por este motivo, se ha propuesto que la cuota esté bonificada al 100%. No se ha concretado de qué manera finalmente se llevará a cabo este deber. Tampoco quién gestionará la cotización, si los centros o las empresas.

Relación del Becario con la empresa

Grupo de cotización becarios se regula por los convenios de colaboración que aprueban las organizaciones con las Universidades. Las Universidades facilitan aquellos alumnos que quieran compaginar los estudios con instrucción en empresas.

Esto puede ser beneficioso para ellos, ya que pueden introducirlos en el mercado laboral.

Se regula en el Convenio:

  • Horario.
  • Cuantía de la beca.
  • Actividades a desarrollar.
  • Tutor.
  • Duración de la beca.
  • Certificado de aprovechamiento a su finalización.
  • Cobertura de accidentes con la Universidad.

Finalmente añadir, que esta nueva Ley de grupo de cotización becarios, aunque pueda verse como perjudicial para la parte contratante, es una oportunidad para muchos. Sobre todo para los estudiantes, que buscan cualquier ocasión para hacerse un hueco en el mercado laboral.

Así que animo a los estudiantes a probar a hacer prácticas, ya que hay una notable mejoría en estas.

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Los 3 pasos fundamentales para elaborar un Informe Pericial. https://revistadigital.inesem.es/juridico/elaboracion-de-informes-periciales/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/elaboracion-de-informes-periciales/#respond Wed, 10 Apr 2019 10:37:53 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2301 Elaboración de Informes PericialesDebemos tener en cuenta que no existe una estructura cerrada para la elaboración de informes periciales, pues ésta variará en función de los conocimientos y experiencias profesionales del Perito Experto en la materia. No obstante, os presentamos esta guía en la que hemos resumido la estructura más utilizada en 3 pasos fundamentales. ¿Quieres conocerlos? ¡No…

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Con el objetivo de proceder a exponer la estructura a tener en cuenta por el perito experto para la elaboración de informes periciales, debemos delimitar que se entiende por informe pericial.

Este informe es aquel documento elaborado por un perito experto en una determinada materia, al que se le encomienda la realización de un análisis exhaustivo de un determinado hecho que, en la mayoría de supuestos, se encuentra inmerso en un proceso judicial.

La LEC admite dos tipologías de informes de peritos, por un lado, como medio de prueba aportado por las partes extrajudicialmente o a instancia de parte emitido por peritos designados por el Juzgado o Tribunal.

La prueba pericial en el procedimiento civil se recoge en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC en adelante), en concreto, en su artículo 335.

A continuación, pasaremos a exponer la estructura más completa que se debe tener en cuenta para la elaboración de un Informe Pericial sin olvidar que cada técnico estructurará su informe conforme a sus conocimientos y experiencias profesionales.

De este modo, podemos determinar que no existe una estructura cerrada para este tipo documentos.

 

1. Elaboración de Informes Periciales. Aspectos preparatorios

En este epígrafe incluiremos junto a los apartados introductorios que suelen coincidir con trabajos de distintas índole, la motivación y objeto del informe pericial.

Además, podemos incluir un resumen de los hechos que den fuerza al informe pericial.

a) Encabezamiento

En este apartado incluiremos el objeto del informe pericial.

Debemos ser bastante exhaustivos, pues reflejará el contenido sobre el que versará el informe pericial.

b) Portada

Incluiremos el título del Informe junto a los siguientes datos:

  • I. Solicitante del Informe.
  • II. Encargo. Incluimos el objetivo que se persigue con la emisión del informe pericial.
  • III. Datos del Perito y la fecha de emisión del informe.

b) Tabla de contenidos

Incluiremos una tabla de contenidos automatizada que refleje la totalidad de los índices nivel 1, 2 y 3 del Informe Pericial.

c) Objeto y Antecedentes:

Comenzaremos con una breve introducción aportando los datos identificativos del Perito, su profesión, número de colegiado, así como cualquier otro dato de relevancia.

Asimismo,  con el objetivo de delimitar el objeto del informe, procederemos a exponer brevemente en que fecha se nos requirió por la parte solicitante para la elaboración de un informe pericial y la finalidad pretendida, por ejemplo: “llevar a cabo la inspección de las instalaciones de un edificio y determinar el estado actual del inmueble“.

De igual forma, tras haber detallado lo anterior y con el objetivo de que el destinatario pueda comprobar el procedimiento que se ha seguido para la elaboración del informe pericial, procederemos a exponer los antecedentes.

¿Qué debemos incluir en este epígrafe?

En concreto, incorporaremos los pasos previos realizados por el perito judicial para la investigación de los hechos.

Asimismo, siguiendo el ejemplo del párrafo anterior sobre la inspección para determinar las condiciones del bien inmueble, incluiremos  la fecha en la que se realizaron las primeras actuaciones, las personas con las que hemos contacto, así como los elementos sobre los que se ha prestado mayor atención.

 

2. Cuerpo del Informe Pericial.

a) Hechos observados

Este epígrafe también suele denominarse en otros informes periciales como “Inspección Ocular”.

Se expondrá los hechos que mayor interés han suscitado al Perito y, por ende, se han tenido en cuenta por éste para la elaboración del Informe Pericial.

b) Análisis técnico

Como sabemos, la elaboración de informes periciales se solicita a determinados profesionales con conocimientos específicos en determinadas materias y, por ende, en este apartado es donde tendremos que mostrar tales conocimientos técnicos.

Debemos recordar nuevamente la importancia de la prueba pericial ya que ésta es esencial para el sistema de justicia, pues se constituye como un mecanismo que permite introducir en el proceso aquellos aspectos técnicos y complejos que no pueden ser interpretados directamente por el juez.

Además, tenemos que tener claro que la prueba pericial no puede introducir nuevos hechos al proceso, sino que se limitará a interpretar estos desde una perspectiva especializada.

c) Idoneidad de los procedimientos aplicados

Este epígrafe es fundamental en la elaboración de informes periciales. Puede incluirse de forma independiente o como apartado del análisis técnico.

En cualquier caso, el contenido del mismo tratará sobre los elementos utilizados por el Perito para el análisis técnico.

 

3. Conclusiones, Anexos y Firma.

De los trabajos realizados hasta la fecha, se expondrá el parecer del Perito tras el análisis de los hechos.

En este epígrafe del informe incluiremos toda la documentación bibliográficas, investigaciones realizadas, etc., tenidos en cuenta para la elaboración de informes periciales.

El documento deberá ir firmado por el experto redactor donde dará fe de su análisis y conclusiones incluyendo el lugar y la fecha de firma.

Es crucial que el lenguaje utilizado en el Informe pericial sea preciso y sin ambigüedades.

De esta forma, el documento será de fácil lectura, dará a conocer el conocimiento del experto en la materia y permitirá que las conclusiones a las que ha llegado el experto sean exactas y estén totalmente motivadas.

Además, la investigación realizada por el experto debe determinar las características y los atributos de ciertos hechos o elementos, que se constituyen como el eje vertebrador de las conclusiones del informe.

La elaboración de un informe pericial en el que se han seguido procedimientos subjetivos puede provocar que el documento pierda credibilidad.

Por ende, se recomienda eliminar cualquier tipo de término subjetivo, así como las posibles especulaciones en las afirmaciones.

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Compliance para PYMES. La necesidad de implantarlo https://revistadigital.inesem.es/juridico/compliance-pymes-necesidad-implantarlo/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/compliance-pymes-necesidad-implantarlo/#respond Mon, 01 Apr 2019 09:30:53 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=1860 Compliance para PYMESCon la regulación del Compliance, las personas jurídicas se convierten en responsables penales de los delitos cometidos por sus representantes legales, administradores, así como los sujetos sometidos a su autoridad sobre los que no se hubiesen aplicado los mecanismos de control correspondientes. ¡Descubre cómo influye a las PYMES!

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Antes de proceder a exponer los condicionantes, así como los requisitos que debe reunir un programa de Compliance para Pymes, procederemos a exponer lo relativo a origen normativo.

La regulación del Compliance o cumplimiento normativo tuvo lugar con la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal para las personas jurídicas, en su inicio con la  ley orgánica 5/2010 culminándose con la reforma del Código Penal por la Ley orgánica 1/2015.

Conforme la  presente normativa, las personas jurídicas se convierten en responsables penales de los delitos cometidos por sus representantes legales, administradores, así como los sujetos sometidos a su autoridad sobre los que no se hubiesen aplicado los mecanismos de control correspondientes-

Toda empresa, como consecuencia de su actividad diaria, se encuentra expuesta a distintos peligros que, en circunstancias extrema, puede ocasionar el cierre de la empresa o la imposición de altas sanciones que impidan continuar con el ejercicio normal de su actividad.

 

El Compliance para Pymes

¿Podemos remitirnos al Código Penal para determinar el proceso a seguir para la implantación de un programa de cumplimiento normativo para Pymes?

La respuesta es clara, no.

Solo podemos acudir al código Penal para conocer la necesidad que establece la normativa penal en cuanto a la adopción y ejecución continuada de un sistema de gestión adecuado para prevenir delitos.

Por ende, nos remitiremos a la Norma UNE 19601:2017, publicada en mayo de 2017 que establece un itinerario que deben seguir las empresas para la implantación de un programa efectivo de Compliance.

Esta norma facilita el diseño y evaluación de sistemas de gestión de Compliance penal conforme a la legislación española y a “las expectativas que normalmente depositan las organizaciones que operan a en los mercados internacionales”.

Junto a lo anterior destacar tanto la Norma UNE-ENISO 19600 y la ISO 37001.

La primera de ellas, contenía un amplio catálogo disponía de buenas prácticas.

Sin embargo, su principal desventaja radicaba en que este sistema no era certificable por un tercero.

Por otro lado, la ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno”) incorporaba medidas que perseguían prevenir ciertas conductas ilícitas.

Pilares básicos del Compliance en Pymes

Existen cuatro condiciones que una vez cumplidas, aplicará el Programa de Cumplimiento Normativo como eximente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Éstas serían:

a) Utilización e implantación de las medidas de vigilancia y control, en aras de prevenir delitos o reducir las posibilidades de que se materialicen.

b) Que la supervisión del funcionamiento y el cumplimiento del modelo de prevención hubiera sido encomendado al órgano de control de la persona jurídica.

c) Que los autores del ilícito hubiesen eludido todos los mecanismos implementados por la persona jurídica para la prevención de delitos.

Asimismo, se establece como condición final para la aplicación de la eximente: sin que se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano competente”.

Sin embargo, la concurrencia de tres de las cuatro condiciones anteriores no conllevará la no aplicación del programa. En supuestos de cumplimiento parcial, se aplicará como atenuante.

A continuación, , procederemos a incorporar los requisitos que debe reunir un Programa de Compliance para Pymes:

Requisitos (artículo 31 bis, apartado 5 del Código Penal)

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

Se identificarán las áreas de la empresa que presentan riesgos potenciales contra el cumplimiento de la normativa vigente.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

Una vez identificadas aquellas áreas de la organización que se encuentran más expuestas, en esta segunda fase se procederá a la adopción de conductas tendentes a la prevención de delitos, las cuales deberán cumplirse por los trabajadores de la organización.

De igual forma, la organización deberá realizar un seguimiento continuado del cumplimiento del programa y realizar las correcciones que estime oportunas.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

Dotar al órgano responsable de llevar a cabo la supervisión y vigilancia del programa de los medios necesarios para ello.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

No solo requerirá poner a disposición de todos los trabajadores de las políticas de cumplimiento normativo sino que se deberá establecer un canal de denuncias.

Mediante esta vía el personal de la organización podrá comunicar tales incumplimientos a los sujetos responsables.

Medidas de Control

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

Aplicación de las medidas disciplinarias fijadas conforme a los límites determinados por la normativa laboral ante posibles incumplimientos normativos.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

Seguimiento y mejora continuada del Compliance para pymes con el objetivo de adaptarse a los distintos métodos de incumplimiento normativo.

 

¿Debo implantar un programa de Compliance para Pymes?

¡Por supuesto! En la mayoría de Pymes, se fijan una serie de medidas tendentes a evitar la materialización de tales delitos. No obstante, estas medidas se fijan en función de la actividad de la empresa.

Así, una empresa del sector financiero implementará las medidas necesarias para prevenir delitos contra el blanqueo de capitales y, una empresa del sector alimenticio establecerá aquellas medidas que tengan por objetivo prevenir delitos contra la salud pública.

Sin embargo, sin la implantación de un programa de cumplimiento normativo para Pymes no podremos determinar aquellas conductas ilícitas ajenas a la actividad de la empresa y fijar los sistemas de control y cumplimiento que garanticen un cumplimiento efectivo de la normativa vigente.

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Concurso de Acreedores, ¿qué ocurre cuando entras en concurso? https://revistadigital.inesem.es/juridico/concurso-de-acreedores/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/concurso-de-acreedores/#respond Mon, 25 Mar 2019 08:32:34 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2290 Concurso de acreedores quién paga primeroComo ya sabemos una compañía solicita la declaración de concurso de acreedores cuando no tiene la suficiente liquidez para que pueda cumplir con sus obligaciones. Aunque parezcan conceptos similares nada tiene que ver con el desbalance o con que los recursos propios sean negativos o positivos. Entonces ¿qué debo saber sobre esta cuestión?

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Como ya sabemos una compañía solicita la declaración de concurso de acreedores cuando no tiene la suficiente liquidez para que pueda cumplir con sus obligaciones. Aunque parezcan conceptos similares nada tiene que ver con el desbalance o con que los recursos propios sean negativos o positivos. Si no con la solvencia de la entidad.

Entonces…¿Qué es el concurso de acreedores?¿cuándo se puede solicitar?¿qué plazos tengo para llevarlo a cabo?¿el resultado normal es la quiebra? Esta y más cuestiones podrás resolverlas en el siguiente artículo.

 

¿Qué es el Concurso de Acreedores?

El concurso de acreedores es aquel instrumento que toda empresa posee, para solventar una situación económica de inminente quiebra. Una compañía puede solicitar la declaración de concurso cuando no tiene suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones de pago.

Este procedimiento podemos verlo reflejado en la Ley Concursal 22/2003 del 9 de julio de 2003. Esta ley contempla que sólo se someterán a concurso de acreedores las empresas que no cumplan con los pagos regularmente.

 

¿En qué momento se solicita el concurso?

Es necesario, como se ha comentado anteriormente, que la empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones de forma regular. Estas obligaciones incluirán deudas fiscales, deudas con entidades de crédito, salarios, indemnizaciones, etc.

En la ley que regula el concurso de acreedores, se diferencia entre la insolvencia actual y la inminente.

  • La insolvencia inminente surge cuando la empresa se ve amenazada por una situación y estima que no podrá cumplir con sus obligaciones.
  • La insolvencia actual, se origina cuando la empresa no puede hacer frente a sus pagos cuando llegan a su vencimiento.

En esta última, se genera la obligación legal de solicitar el concurso de acreedores en dos meses. Sin embargo la insolvencia inminente sólo otorga la facultad de hacerlo.

Si se alcanzara esta situación, el ordenamiento jurídico establece  “el concurso de acreedores” para solventar el mayor número posible de deudas y asegurar que no haya trato arbitrario hacia los acreedores.

 

¿Quiénes pueden solicitar el concurso de acreedores?

Se solicitará por el propio deudor y se requerirá por los acreedores o mediador concursal cuando se realice el procedimiento. Si estuviéramos hablando de una persona jurídica, los órganos encargados de la solicitud serán el de administración o liquidación.

El deudor deberá reunir los siguientes requisitos para la solicitud:

  • Poder especial para la solicitud del concurso de acreedores. Se podrá sustituir mediante la realización del apoderamiento apud acta.
  • La memoria expresa de la historia económica y jurídica del deudor, de la actividad que haya seguido durante los tres últimos años. Así como los establecimientos , oficinas y explotaciones de las que sea titular, de las causas del estado en que se encuentre y de las valoraciones de su viabilidad patrimonial.

Si el deudor fuera una persona casada, se incluirá en la memoria la identidad del cónyugue. En caso de que sea persona jurídica, se indicará en la memoria la identidad de los socios o asociados de que tenga constancia , en su caso, del auditor de cuentas. Se deberá tener en cuenta si forma parte de un grupo de empresas, enumerando las entidades integradas en este, así como si la organización cotiza en un mercado secundario.

 

¿Qué plazos tiene el deudor para solicitar el procedimiento?

Cuando la empresa deudora tenga percepción de su estado de insolvencia, tiene la obligación a nivel legal de solitarlo en el plazo de dos meses para la declaración del concurso de acreedores. Hasta el vencimiento, tiene posibilidad de informar al juzgado del inicio de la negociación para llegar a un acuerdo de refinanciación.

En el momento de la solicitud, no se iniciarán ejecuciones judiciales ni extrajudiciales de necesarios para el desarrollo de la actividad.

En la  negociación el deudor podrá solicitar la no publicación del concurso en los registros. Así la empresa puede mantener en secreto su situación financiera frente al público general.

 

¿Qué tipos de concurso de acreedores podemos encontrar?

Existen dos formas de solicitar el concurso de acreedores:

  1. Voluntaria: Será el responsable de la empresa quien inicie la solicitud. Esta persona poseerá información que le haga preveer la situación de insolvencia que se acerca y tendrá la obligación de solicitar el procedimiento. Si no lo iniciara podría estar sometido a multas o a pena de cárcel, si el juez apreciara objetivos ilícitos.
  2. Forzosa: Surge cuando la solicitud viene de alguno de los socios o acreedores. Esto puede originarse cuando hay desacuerdos entre socios y directiva.

 

¿Qué pasos sigue el procedimiento?

El concurso de acreedores sigue la siguiente estructura:

Fase común:

  • Primera: Se solicita la declaración del concurso, esta es estudiada por el juez y se aplican las medidas cautelares que correspondan.
  • Segunda: Resolución judicial donde se declara el concurso o se desestima la solicitud.
  • Tercera: Se determina el activo de la organización.
  • Cuarta: Se determina el activo de la organización y son clasificados los créditos entre generales,ordinarios y subordinados.

Fase de Convenio: Serán recibidas las propuestas de convenio de deudor o acreedor. Deberán incluir la proposición de “quita” o “espero”.

Entendemos esto como la exigibilidad de las deudas (espera) o la condonación de ellas (quita). Las proposiciones supondrán la continuidad del desarrollo de la actividad.

En el momento en que sean presentadas las propuestas de convenio, los acreedores decidirán aquellas que sean más acordes a sus intereses. Si el juez no considera ninguna infracción, dará por aprobado el convenio.

Fase de liquidación: La fase de liquidación se iniciará cuando el deudor en concurso lo solicite o cuando no se hayan presentado propuesta de convenio.

Una vez iniciada esta fase el deudor perderá la gestión y administración, ocupando esta labor el adminitrador concursal.

La liquidación consistirá en la venta de todos lo bienes del deudor, con el fin de pagar la máxima deuda posible.

Fase de calificación: En el inicio de esta fase, se llevará a cabo una reflexión sobre el concurso de acreedores, para clasificarlo como fortuito o cumpable.

Entendemos como “fortuito”, cuando la empresa concursada no se consideran causantes de la insolvencia y no tendrá que afrontar las consecuencias, pudiendo continuar con su actividad empresarial. Si es concurso es catalogado como “culpable”, se establecerá como causantes de la insolvencia al deudor.

 

Resolución para los causantes de la insolvencia

Entonces, ¿qué ocurre con los culpables de la insolvencia?

  • Se inhabilitarán para la gestión de bienes ajenos.
  • Deberán devolver los bienes y derechos obtenidos de forma indebida del deudor.
  • Deberán indemnizar de los daños causados.

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Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en España https://revistadigital.inesem.es/juridico/delitos-contra-el-medio-ambiente/ https://revistadigital.inesem.es/juridico/delitos-contra-el-medio-ambiente/#respond Tue, 12 Mar 2019 08:57:22 +0000 https://revistadigital.inesem.es/juridico/?p=2262 Delitos contra el medio ambienteEl derecho a disfrutar del entorno que nos rodea es una cuestión fundamental y supone una de las tareas más ambiciosas de nuestro Ordenamiento  Jurídico. La existencia de delitos contra el medio ambiente busca, no sólo la protección del medio ambiente sino también, la conservación y restauración del mismo.

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    Nuestro Código Penal, estable un catálogo de delitos contra el medio ambiente. Ya que la protección jurídica del medio ambiente y de sus recursos naturales representa una preocupación a nivel mundial.

      Distinta normativa de carácter internacional, se hace eco de la necesidad de protección del planeta y de sus recursos en búsqueda del aseguramiento de la calidad de vida de todos y cada uno de los seres que habitan La Tierra, apostando por la continuidad de las generaciones venideras.

      En nuestro derecho, el Código Penal entre otras leyes extrapenales reguladoras de la conducta, han establecido qué  acciones u omisiones van a dar lugar a delitos contra el medio ambiente.

    La existencia de normas jurídico-penales, a través, del establecimiento de delitos contra el medio ambiente busca, no sólo la protección del medio ambiente y sus recursos sino también, la conservación y restauración del mismo.

        Esta protección, en nuestro derecho, arranca de lo contenido en el artículo 45 de la Constitución Española de 1978. Este considera el entorno natural como un bien jurídico de especial protección estableciendo:

     “1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”.

      Variada y distinta es la normativa que, junto con la Constitución Española, regula la protección del derecho recogido. Pero, es el artículo 325 del Código Penal, el que establece como delito contra el medio ambiente constitutivo de responsabilidad penal el atentar contra la protección de los recursos naturales y del medio ambiente. El catálogo de delitos contra el medio ambiente es hoy día, una transposición de la Directiva 2009/123/CE.

El cambio en el medio ambiente

 

El bien jurídico protegido

      ¿Qué es el medio ambiente para nuestro derecho?  El derecho a disfrutar del entorno que nos rodea es una cuestión fundamental que siempre ha preocupado tanto a la doctrina como a la Jurisprudencia española y es que, el garantizar ese derecho al ciudadano supone una de las tareas más ambiciosas de nuestro Ordenamiento  Jurídico.

       No es un capricho que el derecho trate esta cuestión como vital para la continuidad de la vida. Sino que la protección del mundo en el que vivimos está globalizada por una preocupación, basada en el aseguramiento de los recursos naturales para soslayar el deterioro del medio ambiente en mantenimiento del equilibrio ecológico. Todo ello en base a la penalización de conductas, a través, de delitos contra el medio ambiente.

      La Constitución Española, no solo recoge esta necesidad de protección del medio en el que vivimos . Sino que busca su conservación y protección, a través, de la ayuda de los poderes públicos, estableciendo sanciones penales o administrativas así como, la obligación de reparar el daño causado.

      ¿Dónde se regulan los delitos contra el medio ambiente?  Esta necesidad de protección es lo que ha ocasionado que el Capítulo III, del Título XVI, del Libro II, del Código Penal, regule entre los artículos 325 a 331, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Y en el Capítulo IV, se regulen los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.

        El bien jurídico a proteger no solamente se va a centrar en el mantenimiento del agua, suelo y aire sino también, en la vida de la flora y fauna de nuestro planeta.

 

El tipo básico del delito ecológico

     Tras la reforma que sufrió la norma penal en el año 2015 en relación a los delitos contra el medio ambiente. El artículo 325 reguló un tipo básico de conducta contaminante y un tipo agravado.

    Mientras que el tipo básico recoge aquellas conductas que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, suelo, aguas, animales o plantas contraviniendo lo dispuesto en las leyes de carácter medioambiental. El tipo agravado regula las conductas que de forma grave, creen un desequilibrio natural o se cause un perjuicio para la salud de las personas.

       La distinción entre ambos se encuentra en la gravedad de la conducta, es decir, en el riesgo creado a raíz de la conducta realizada ya sea:

  • Por daños sustanciales la calidad del aire, suelo, aguas, animales o plantas.
  • Debido a la provocación de un desequilibrio grave en el medio natural.
  • A causa de perjudicar gravemente la salud de las personas.

     Una cuestión importante es que la regulación de los delitos contra el medio ambiente no muestra en qué situaciones la conducta va a ser punible. Por lo que será necesario acudir a normas extrapenales para poder definir en qué casos los actos regulados en este premisa legal, van a suponer la comisión del delito regulado en el texto penal.

      Lo principal para que se dé el tipo es que entre la persona del autor y el resultado producido, es que haya un nexo de causalidad que indique que al sujeto le es atribuible una conducta delictiva por haber actuado de forma dolosa aun sabiendo que dicha conducta era contraria a la prohibición establecida por la norma. Y haya creado una situación de peligro grave sobre el bien jurídico protegido.

La pena en los delitos contra el medio ambiente. El tipo básico del 325 CP

La pena regulada en el apartado primero, del tipo básico podrá ser:

  • Prisión de seis meses a dos años.
  • Multa de diez a catorce meses.
  • Inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años

En cambio, en el apartado segundo se recoge la pena de:

  • Prisión de dos a cinco años.
  • Multa de ocho a veinticuatro meses.
  • Inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
  • En caso de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá pena de prisión en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la superior en grado.

        El tipo  va a girar en torno a la persona que provoque o realice directa o indirectamente, de forma aislada o conjunta, emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas; y también, cuando se cause un grave perjuicio para la salud de las personas.

         Pero, ¿qué quiere decir de forma aislada o conjunta? Quiere decir que las conductas reguladas en el tipo penal, podrán producirse conjuntamente, es decir, provocar más de una conducta o, de forma aislada llevando a cabo una sola conducta.

 

Delito sobre residuos tóxicos

      Dentro de los delitos contra el medio ambiente, se encuentra recogido el delito sobre residuos tóxicos en el artículo 326 CP. Un delito aplicable sobre aquellas personas que:

     “Recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”, contraviniendo las leyes medioambientales, serán castigadas con las penas previstas para el tipo básico.

     Además,  se contempla el caso de conducta omisiva al establecer situaciones de ausencia de control o vigilancia de las actividades llevadas a cabo, detonantes de poder provocar un daño ambiental, es decir, se refiere a un caso de comisión por omisión.

        Continúa diciendo la norma en el apartado segundo, del mencionado artículo, que la persona que:

      “Traslade una cantidad no desdeñable de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan vinculados, en alguno de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea relativo a los traslados de residuos, será castigado con una pena de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a un año”.

     El delito constituye el tipo cualificado de la provocación o realización, directa o indirecta, de residuos tóxicos contaminantes.

       Mientras que el apartado segundo, del artículo 325 CP, recoge el perjuicio a las personas como motivo para cometer el tipo penal, el apartado primero, del presente delito regula, para la existencia de la comisión del tipo, la muerte o las lesiones graves en las personas.

 

Delito de explotación de actividades peligrosas

       Otro de los delitos contra el medio ambiente y que surgió a raíz de la reforma de 2015, pasó a regular de forma separada los delitos de contaminación vinculada a la actividad industrial, a través, del artículo 326 bis del Código Penal, con aplicación de las penas ya previstas para el artículo 325 Código Penal, para los que:

      “Contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, muerte o lesiones graves a las personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.”

     La naturaleza de este tipo penal se encuentra en relación a las actividades de explotación de instalaciones donde se realice alguna actividad peligrosa o se almacene o usen sustancias o preparados peligrosos, cuya infracción da lugar a la aplicación del delito por la creación de una situación de peligro grave en detrimento del bien jurídico protegido, llevada a cabo con una actuación dolosa.

 

Circunstancias agravantes del delito contra el medio ambiente

     ¿Qué ocurre con el artículo 327 del CP? Este artículo, castiga con la pena superior en grado aquellas conductas contempladas en los artículos anteriores mencionados, cuando en las mismas se de alguna de las situaciones siguientes:

  • Establecimiento clandestino de una industria o actividad. Es decir, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones.
  • Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior.
  • Falseo u ocultamiento de información sobre los aspectos ambientales de la misma.
  • Obstaculizar la actividad inspectora de la Administración.
  • Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.
  • Extracción ilegal de aguas en período de restricciones.

 

La responsabilidad de las personas jurídicas

      Un aspecto importante de la reforma del Código Penal, fue la introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos en atención a lo previsto en el artículo 31 bis del Código Penal.

       En este supuesto, van a ser responsables por la comisión de delitos contra el medio ambiente o los recursos naturales y en atención, a lo contemplado en los artículos precedentes ya mencionados. Se les impondrán las siguientes penas:

  • Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.
  • Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

 

Delito de prevaricación

      Cuando se habla del delito de prevaricación contra el medio ambiente, se está hablando de un delito especial propio que solo puede ser cometido por las autoridades o funcionarios públicos con competencias en materia medioambiental.

   El Código Penal, en su artículo 329, castiga aquellas conductas cometidas en contra del medioambiente por aquellas personas de carácter público con competencia para realizarlas. En concreto dice:

     “1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses.

       2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.”

      Esta figura se caracteriza por ser una conducta dolosa, es decir, a sabiendas de lo que se está haciendo, en perjuicio del bien jurídico protegido. Esa conducta podrá consistir bien en una acción o en una comisión por omisión por el hecho de guardar silencio u omitir la realización de inspecciones obligatorias.

 

Delito de daños en espacios naturales protegidos

        Se caracteriza este delito regulado en el artículo 330 del Código Penal, por provocar una lesión con exigencia de un resultado visible de carácter material, es decir, que el daño medioambiental sea efectivo y de carácter grave sobre algún elemento que sirva para calificar el espacio natural protegido.

          Si se diese el caso, la pena a aplicar será:

  • Prisión de 1 a 4 años.
  • Multa de 12 a 24 meses.

 

Delito medioambiental por imprudencia

          Por último, cabe hablar de la imprudencia como forma de cometer un delito contra el medio ambiente. Esta forma de comisión del delito se caracteriza  por la presencia de una imprudencia grave con una pena inferior en grado a las establecidas en el tipo básico.

        No obstante, a pesar de que este artículo hace referencia a los artículos precedentes, no cabe el contemplar la imprudencia grave para el caso contemplado en el artículo 329 del Código Penal, en relación a la prevaricación cometida por autoridad o funcionario público con competencias medioambientales, y tampoco, a los casos establecidos en los artículos 326 y 326 bis del texto penal, en atención a los delitos sobre los residuos tóxicos o de explotación de actividades peligrosas.

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