El Dumping Fiscal hace referencia a la lucha existente entre -en el ámbito nacional- las Comunidades Autónomas (en adelante CCAA) para conseguir atraer las sedes sociales de las empresas, a través de la regulación del margen del que disponen las CCAA en determinados impuestos.
Ello se debe a que, cuantas más empresas trasladen sus sedes a éstas CCAA, mayor será el beneficio económico y social que supondrá para estas regiones al servir como “herramientas” que permitan crear empleo o que permitan incentivar la economía local.
De esta forma, son las CCAA las que ajustan los tipos al mínimo posible alcanzando así una mayor capacidad de atracción.
Muchas de estas corporaciones instalan sus sedes en estos territorios, pese a que sus otros centros de producción se encuentran repartidos por todo el territorio.
Puede resultar sumamente lógico, no obstante, estos movimientos pueden generar ciertas tensiones entre las CCAA. Ello se agrava, si tenemos en cuenta que determinadas zonas del país pueden verse empobrecidas al provocar una fuga de capitales entre CCAA.
Sin embargo, aquí debería plantearnos la siguiente cuestión:
¿Estamos ante un supuesto real de Dumping Fiscal?
Es sumamente cuestionable, ya que, si tenemos en cuenta la definición exacta de este concepto, nos encontramos ante un término que conlleva el fijar los precios por debajo de los costes, esto es, vender a sabiendas de las pérdidas que se están generando con el objetivo de que la competencia quiebre.
Técnicamente, si tenemos en cuenta la delimitación al concepto anterior, no existe Dumping Fiscal, sino más bien, una “triquiñuela fiscal”.
Esto se debe a que la mayor parte de estos territorios, no dejan de contribuir a la bolsa común, no obstante, si procedería la aplicación de este concepto si estos territorios recortasen el gasto social y obligasen al Estado a cubrir ese gasto.
Dumping Fiscal en la Unión Europea
En el marco comunitario, el escándalo LuxLeaks dio lugar a un debate dentro de la Unión Europea sobre la necesidad de armonizar la normativa en materia fiscal entre los Estados Miembros.
Este debate se ha acentuado tras el brote del Covid-19, el cual ha afectado por igual, a pequeñas, medianas y grandes empresas, ya sea mediante la ralentización o cierre de sus actividades económicas. Todo ello ha conllevado que varios países de la UE aúnen fuerzas en la lucha contra el dumping y fraude fiscal, así como en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Por ahora, no se ha producido ningún acercamiento entre ambos sectores, entendiéndose por éstos: en primer lugar, a los países que están a favor de un ajuste real -que coincide con los Estados más afectados por el Covid-19- y, en su contra, a los Estados partidarios de mantener la regulación actual - que indudablemente, coinciden con aquellos que permiten estas ventajas fiscales-.
De entre las medidas propuestas para alcanzar la tan ansiada equidad fiscal, el paquete se articula en torno a tres pilares:
a) Un plan de Acción Fiscal adaptado al contexto actual.
b) Modificar la Normativa Comunitaria en materia de transparencia fiscal sobre plataformas digitales.
c) Reformar el Código de Conducta sobre fiscalidad (lo que afectaría a países como Holanda, Malta o Bélgica).
Los Países Bajos en el punto de mira de la UE
Tras lo comentado en el punto anterior, la UE planea hacer uso del artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).
Su uso permitiría en el caso de que el mercado interior se viere comprometido, actuar por mayoría cualificada, ya que en todos los mecanismos articulados por la UE para poner fin a tales estrategias fiscales, siempre han sido vetadas por los Estados que las aplican.
Ello permitiría corregir las distorsiones fiscales en el mercado europeo.
Es más, Tax Justice Network ha estimado que España e Italia pierden anualmente 2.200 millones de euros.
Igualmente, el mismo informe se centra en el territorio donde las empresas estadounidenses han declarado sus impuestos y que, en ningún caso, coinciden con el Estado Miembro en el que se generaron.
Ahora bien, todas ellas coinciden -o al menos la inmensa mayoría- en trasladar sus beneficios a los Países Bajos cada año.
El Caso de los "Youtubers" españoles
Recientemente, uno de los Youtubers más famoso del mundo "El Rubius", ha cambiado su residencia a Andorra.
Como es normal, estamos ante uno de los debates que posiblemente se extenderán durante todo 2021 -y sin duda alguna, hay otros debates económicos o sociales que requieren de una mayor atención por parte de la Sociedad-.
Hay que dejar claro que como tal, Andorra no está considerada como un paraíso fiscal.
Se trata en definitiva de otro país que presenta las tan reiteradas ventajas fiscales.
Pero, ¿Nos encontramos ante otro caso de Dumping Fiscal?
Sí, lo que sucede es que al igual que existe ese "desajuste" fiscal entre CCAA, se da también entre los propios países. Andorra, Holanda, Malta, etc., son Estados soberanos que se encuentran plenamente legitimados para decidir como se va a articular su sistema fiscal y, si tenemos hablamos
Sin embargo, se debería plantearse la siguiente reflexión:
Si el objetivo es ser básicos, lo catalogaríamos como el cambio de residencia para pagar menos impuestos, no obstante, ¿No cabría la posibilidad de que se analizare desde una perspectiva que requiriese un mayor esfuerzo por parte de todos?
Evidentemente, todos debemos contribuir al sistema. Los impuestos son algo que ha existido, existe y existirá siempre.
Sin embargo, es posible que ni los trabajadores en general, ni las empresas de nuestro país deban asumir toda la carga impositiva y, quizás, la solución se encuentre en INNOVAR Y AJUSTAR otros sectores.
Te animamos a que dejes un comentario en el que nos traslades tu opinión sobre el Dumping Fiscal y el caso "Rubius".
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