inseguridad jurídica

Descontento social e inseguridad jurídica

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Carmen Molina Castillo
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas con especial interés en nuevas tendencias empresariales,  dirección estratégica y la fiscalidad. Docente en INESEM Business School y colaboradora en la Tribuna Mercantil y Fiscal INEAF.

Sin ánimo de machacar el espíritu navideño, el positivismo de lo bueno por conocer o sembrar la desesperanza, hoy quiero divagar sobre dos de los rasgos inquietantes que han marcado a la sociedad española en estos últimos tiempos y que previsiblemente seguirán dando que hablar el próximo año:

Descontento social e inseguridad jurídica

Desalentador titular, pero cubrirnos los ojos ante una realidad no es la mejor opción para enfrentarse a los retos, esos que nos proponemos cuando se acercan los uno de Enero y que tanto cuesta conseguir a veces, también en la vida política y en la gestión de naciones.

Y es la gestión, la mala gestión, la principal culpable de ese descontento social que lleva tatuado el mundo entero según el último estudio anual realizado por The Economist. Su división Economist Intelligence Unit ha sido la encargada de medir el riesgo de descontento social o político, entendiendo el mismo como “el desarrollo de acontecimientos que supongan una amenaza para el Gobierno o para el orden político imperante”.

España se sitúa entre uno de los países con un “alto riesgo” de descontento social en 2014 – empezando con buen pie- junto con otros dos países europeos: Bulgaria y Portugal, aunque, recurriendo al refranero “mal de muchos, consuelo de tontos”, los hay que torean en peores plazas: Grecia sube un escalón más hasta colocarse en la categoría de “riego muy alto”.

La información, cuyas repercusiones ya se harán notar en la inversión, revela que el riesgo de descontento se ha incrementado en los 150 países objeto de estudio, dando una gran importancia a la debilidad política e institucional, cuestión a tratar delicadamente.

Los líderes políticos, cuentan con simpatizantes o detractores –  puede que más de lo primero que de lo segundo, o viceversa -, pero que las instituciones pierdan fuerza y se deterioren ante la soberanía popular eso sí es un hecho preocupante que hace tambalear la seguridad jurídica, ese principio de rango constitucional que parece que algunos olvidan o no saben cómo protegerlo. La seguridad jurídica se puede concebir como la obligación – deber- que tiene el Estado de devolvernos el poder otorgado con una Certeza, con la certeza de conocer lo previsto como prohibido, ordenado o permitido; de poder actuar en base a unas normas sólidas y estables con garantía y con el respaldo de la propia Ley.

Un corolario de actitudes y cambios desafortunados, donde se incluyen las modificaciones de la Ley de educación, retirada de Becas Erasmus e inmediata retracción, subida indefinida del recibo de la luz, cambios impositivos reiterados y siempre a la alza o la ley del aborto, entre otros, engrosan la lista de chapuzas y modificaciones de última hora que juega en detrimento de la seguridad jurídica en España.

Incertidumbre en el ordenamiento jurídico; todo con el pretexto de atender a urgencias normativas y de presupuesto, sin prestar atención a las líneas que enmarcan los límites constitucionales  o sin importar el alto precio de la desconfianza en el Estado de derecho que perjudique al mundo empresarial y el bienestar cotidiano de muchos ciudadanos.

Escopeta en mano están los empresarios, con expectativas depositadas en reformas envueltas a su vez en reformas, y que nunca se sabe si la intención de fomento del trabajo y del emprendimiento es suficiente para conseguirlo, o tan siquiera merece agradecimiento.

A la espera de un 2014 con bonanza económica o abundancia en sentido común que termine con el parcheo y  abogue por el retorno del buen hacer y la estabilidad.

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